
Responsables y representantes de partidos políticos y agrupaciones LGTBHI en Córdoba expresaron críticas tras la decisión de la Fiscalía de cerrar la causa relacionada con la campaña 'La mujer nace o se hace', impulsada por la Asociación Católica de Propagandistas y vinculada a Vox. Según consignó el medio, la determinación del Ministerio Público concluyó que los hechos denunciados no constituyen delito, pero se mantiene la posibilidad de que los actores interesados acudan a la vía judicial competente para presentar nuevos recursos.
Tal como publicó la fuente, la Fiscalía de Madrid fue la encargada de resolver la denuncia que en marzo presentaron el PSOE y la agrupación Hacemos Córdoba. Los denunciantes argumentaron que la campaña podía incurrir en la comisión de delitos de odio y en la vulneración de derechos fundamentales del colectivo trans. A la denuncia inicial se sumaron más organizaciones, como los colectivos Arco Iris, Libérate, Lgtbhi y el pub Glam.
La denuncia llegó desde Córdoba a la Fiscalía de Madrid debido a que la Asociación Católica de Propagandistas, promotora de la campaña cuestionada, tiene su sede en la capital española, especificó la información difundida. El decreto de archivo ordenado por el Ministerio Público señala que sobre el cierre de la causa no cabe recurso administrativo alguno, aunque deja la puerta abierta para que las partes presenten nuevas denuncias por estos hechos ante las instancias judiciales competentes.
El origen de la denuncia se vincula a la difusión de la campaña 'La mujer nace o se hace' en espacios públicos como las marquesinas de Córdoba. Según la fuente, distintas organizaciones y partidos sostuvieron que los mensajes difundidos no deben considerarse protegidos por la libertad de expresión, sino que constituyen ataques discriminatorios dirigidos a la comunidad trans. En este contexto, Antonio Hurtado, integrante del PSOE, manifestó que “el Ayuntamiento debería haber reaccionado de oficio para impedir la difusión de mensajes discriminatorios en espacios públicos”, añadiendo que “el uso de marquesinas para lanzar ataques contra el colectivo trans no es libertad de expresión, es odio, y el Consistorio no puede ampararlo bajo una concesión administrativa”.
El concejal socialista Ángel Ortiz, por su parte, expresó, según consignó la fuente, que “el movimiento asociativo está más unido y fuerte que nunca”, al tiempo que advirtió: “la sociedad cordobesa no va a permitir pasos atrás en la defensa de la igualdad”. Ortiz agregó: “el PSOE seguirá llevando estas denuncias a todas las instancias necesarias para evitar que se normalicen ataques contra colectivos vulnerables”.
Por parte de Hacemos Córdoba, el concejal José Carlos Ruiz dirigió sus críticas hacia el alcalde de la ciudad, José María Bellido, señalando, según señaló la plataforma informativa, que “vuelve a ponerse de perfil ante una campaña de odio que ataca directamente a un colectivo castigado, perseguido y criminalizado”. Ruiz sostuvo asimismo: “mientras al alcalde se le llena la boca hablando de una Córdoba libre de Lgtbifobia, permite que en sus calles siga una publicidad que estigmatiza y pone en el punto de mira al colectivo trans”.
El medio detalló que, tras la conclusión del proceso en la Fiscalía y la decisión de archivar la denuncia, queda habilitado el derecho de los denunciantes y colectivos a acudir a la vía judicial ordinaria si consideran que se han agravado derechos fundamentales o existe base legal para continuar la reclamación. La decisión marca un precedente en el debate sobre el alcance de la libertad de expresión en relación con campañas que involucran mensajes sobre la identidad de género en espacios públicos y el papel de la administración municipal en la autorización y supervisión de tales iniciativas.
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