Condenas de hasta 3 años de cárcel para 19 'transfers' clandestinos de migrantes llegados en patera

La justicia almeriense dictó sentencia contra un grupo acusado de facilitar traslados ilegales desde playas andaluzas hacia diversos puntos del país, desarticulando una red que lucraba con recorridos organizados para migrantes llegados por mar

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Las investigaciones realizadas por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades (Ucrif) de la Policía Nacional permitieron la identificación de un grupo organizado dedicado a la recogida y traslado clandestino en carretera de migrantes llegados en patera a las costas de Almería y Cádiz. Según detalló Europa Press, la operación desmanteló una red cuyos jefes coordinaban el transporte ilegal hacia distintos puntos del territorio español, logrando obtener sumas elevadas de dinero por cada trayecto, con pagos individuales que en algunos casos alcanzaron hasta 300 euros y porte global de hasta 1.400 euros.

El medio Europa Press indicó que la Audiencia Provincial de Almería dictó condenas para un total de 19 personas acusadas por estos hechos. La sala impuso penas de prisión de entre tres años y tres meses para los líderes y organizadores principales, y penas de siete meses y 15 días, así como de cinco meses de prisión, para otros dos acusados que negaron su implicación durante el proceso. Las sentencias se basaron, en gran parte, en el reconocimiento de los hechos por parte de diecisiete de los acusados, quienes admitieron haberse dedicado a esta actividad, mientras que para los otros dos se aplicó la atenuante de dilaciones indebidas, aunque no la de confesión.

Europa Press detalló que una treintena de traslados fueron identificados a lo largo de la investigación. Los migrantes, en su mayoría de origen argelino, llegaban a costas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar las madrugadas entre mayo y octubre de 2019. Una vez en tierra, los coordinadores de la operación contactaban con colaboradores que, siguiendo sus instrucciones, recogían a los recién llegados y los conducían en vehículos particulares principalmente hacia Alicante, pero también a destinos como la ciudad de Almería, Torrepacheco o Callosa de Segura en Murcia. En ocasiones, el traslado culminaba en la estación de autobuses de Alicante, mientras que en otros viajes los vehículos proseguían hacia ciudades más distantes como Tarragona y Barcelona, o realizaban paradas intermedias según la ruta acordada.

Una parte del grupo desarrollaba su actividad de forma regular y constituía el núcleo de la organización ilegal, ya que contaban con información sobre la llegada de las pateras, lo que les permitía coordinar la recogida de pasajeros y planificar el itinerario de traslado de manera precisa. Otros implicados colaboraban de manera más esporádica, participando en labores concretas como la recepción de los migrantes o la conducción de uno o varios segmentos del trayecto. También se identificaron personas que actuaron de forma independiente y sin contacto directo con los líderes del grupo.

Durante los registros autorizados por el tribunal en tres domicilios de Almería y uno de Alicante, la policía intervino más de 18.500 euros en efectivo, dinero que figuraba como procedente del transporte clandestino de migrantes y de los cobros efectuados a los pasajeros. Europa Press consignó que la actividad ilícita estaba regida por un sistema de avisos, donde los cabecillas organizaban la logística a partir de peticiones realizadas tanto por las personas que coordinaban los viajes marítimos como por familiares de los migrantes, quienes pactaban los puntos de recogida y desembolso de dinero.

Dos de los acusados negaron haber participado en la organización: mientras uno afirmó que se dedicaba a trabajar como “taxi pirata” sin recoger a personas llegadas en patera, el otro sostuvo que únicamente había realizado un trayecto para recoger a su sobrino en el Aeropuerto de Alicante. No obstante, las grabaciones de las intervenciones telefónicas incorporadas por la investigación policial contradijeron dichas versiones y se sumaron al acervo probatorio empleado por la Audiencia para fundamentar las condenas.

El medio Europa Press detalló que, en función del grado de implicación de cada miembro del grupo, la Fiscalía solicitó inicialmente penas de hasta siete años y nueve meses de reclusión. Finalmente, los principales responsables recibieron condenas superiores a tres años de prisión, mientras que otros, tras el reconocimiento de los hechos y la aplicación de atenuantes, recibieron sentencias menores. Las pruebas recabadas durante la operación incluyeron la localización de los vehículos empleados, el seguimiento de movimientos bancarios, y la constatación de la frecuencia y organización de los recorridos mediante escuchas.

Este entramado de traslados ilegales se activaba de manera inmediata a la llegada de embarcaciones a la península. El grupo disponía de información anticipada sobre las costas donde desembarcarían los migrantes y organizaba la recogida, utilizando vehículos particulares capaces de eludir controles, según reflejaron las indagaciones policiales recogidas por Europa Press. Los migrantes solían abandonar los puntos de llegada durante la madrugada para evitar la detección, y el destino final variaba en función de lo pactado y de la cantidad abonada por cada pasajero.

Europa Press también informó que los pagos recibidos por la red correspondían al destino final solicitado por el pasajero; por traslados más largos, como los que culminaban en Barcelona o Tarragona, se requerían importes mayores. El grupo implementaba medidas de organización para reducir los riesgos, incorporando el uso de varios vehículos para dividir a los pasajeros y limitar el tiempo de permanencia en puntos clave o rutas de mayor vigilancia policial.

Las acciones judiciales y policiales, finalmente, permitieron interrumpir el funcionamiento de la red, cuyas actividades no solo suponían el cobro de grandes sumas de dinero, sino que también facilitaban la movilidad irregular de personas en situación administrativa irregular en España. La Audiencia Provincial de Almería, tras valorar el reconocimiento de la participación por la mayoría de los encausados, determinó la gravedad de los hechos y asignó las penas correspondientes en función del papel y continuidad de cada uno dentro de la organización, según consignó Europa Press.