El Congreso acepta una ley de PP para que el fiscal general no nombre al custodio de los datos personales en la Fiscalía

El debate en torno al modo de elección del responsable de protección de datos en la Fiscalía se intensificó mientras el Tribunal Supremo investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. Según detalló el medio El País, la reciente toma en consideración de una iniciativa legislativa impulsada por el Partido Popular en el Congreso busca modificar el proceso de designación de este puesto clave para el manejo de información confidencial dentro del Ministerio Fiscal. El Congreso aprobó el martes avanzar en una reforma legal que modificaría el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, transfiriendo el poder de nombramiento desde el fiscal general al Consejo Fiscal, órgano colegiado de la institución.

De acuerdo con El País, la proposición de ley presentada por el Grupo Popular fue defendida en la Cámara baja por la diputada Cuca Gamarra y superó la primera votación con los votos a favor del Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), junto a la abstención de Junts y Coalición Canaria. El PSOE y Sumar manifestaron su rechazo a la reforma. Tal como explicó el medio, la propuesta busca restablecer el sistema previo a la última reforma, retornando la competencia de elección del encargado de protección de datos a una votación por mayoría absoluta del Consejo Fiscal, en lugar de la designación directa que atribuye la normativa vigente al fiscal general, competencia adoptada tras la reciente Ley de Eficiencia de la Justicia.

El texto promovido por el PP plantea que quien presida la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos sea un jurista destacado con al menos quince años de experiencia profesional y formación acreditada en materia de protección de datos. El mandato de esa persona sería de cinco años y no ampliable, y el cese del cargo solo podría producirse por incapacidad o incumplimiento de funciones grave, y en todo caso necesitaría la aprobación de la mayoría absoluta del Pleno del Consejo Fiscal. El Grupo Popular defendió que la anterior fórmula proporcionaba independencia y neutralidad a la autoridad en la materia. Según recogió El País, los promotores de la reforma advirtieron que la actual redacción del artículo 12.n del Estatuto aleja al sistema de los principios de independencia y transparencia que exige la legislación europea, y señalaron que “no puede ser nombrada por quien debe ser controlado sin riesgo de poner en peligro la independencia de quien va a desempeñar la función”.

Este movimiento legislativo coincidió con la investigación en curso del Tribunal Supremo sobre el fiscal general Álvaro García Ortiz, quien afrontará juicio en noviembre por un supuesto delito de revelación de secretos. Según la información publicada por El País, García Ortiz está imputado por presuntamente filtrar un correo electrónico con datos reservados relacionados con un supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó que el fiscal general no conservaba en su teléfono móvil mensajes ni correos electrónicos vinculados con este caso. La explicación dada por la Fiscalía fue que García Ortiz aplicaba un protocolo de protección de datos que implica borrar sistemáticamente todo el contenido del dispositivo móvil.

En relación con este procedimiento, deberá prestar declaración el actual responsable de protección de datos de la Fiscalía, Agustín Hidalgo. Según consignó El País, el juez de la causa solicitó a Hidalgo la normativa interna del Ministerio Fiscal referida al uso de teléfonos móviles y correos electrónicos, para determinar si la eliminación de los datos por parte de García Ortiz cumplió los protocolos establecidos. Agustín Hidalgo fue escogido para este puesto el 25 de junio de 2020, durante el mandato de Dolores Delgado como fiscal general, y contó con el respaldo de los representantes de la Asociación de Fiscales, entonces mayoría en el Consejo Fiscal. Su mandato de cinco años terminará en breve.

Hasta hoy, la normativa vigente permite que el relevo de Hidalgo o el nominado que lo suceda pueda ser designado de forma directa por el fiscal general, sin requerir el visto bueno del Consejo Fiscal. Según detalló El País, la proposición de ley planteada por el Partido Popular surge en respuesta a ese cambio, con el objetivo de devolver la potestad al órgano colegiado, reforzando la percepción de independencia del cargo cuya función consiste en supervisar el uso y protección de los datos personales en la Fiscalía.

Durante el debate parlamentario, las formaciones que apoyaron la toma en consideración de la reforma subrayaron el papel de control que debe mantener esta figura para proteger la legalidad y evitar posibles conflictos de interés, especialmente en escenarios que impliquen investigaciones internas o manejo de información sensible. Por su parte, los grupos que votaron en contra, entre ellos PSOE y Sumar, defendieron el sistema actual, que otorga al fiscal general el poder de nombramiento, argumentando razones de eficacia y coherencia institucional.

El País señaló que la decisión de avanzar con la reforma fue interpretada por algunos sectores políticos como una respuesta directa tanto a los últimos episodios judiciales como a la incertidumbre generada en torno al ejercicio del control interno dentro del Ministerio Fiscal. La propuesta suscita debate sobre el equilibrio entre la autonomía de quien custodia la información confidencial institucional y la estructura jerárquica de la Fiscalía. El futuro de la reforma dependerá de la tramitación parlamentaria y de las sucesivas votaciones y enmiendas que puedan introducir los distintos grupos durante su paso por las comisiones del Congreso.