Miembros del despacho del 'caso Montoro' piden al juez que no haga caso al PSOE y proteja "información personal"

El presidente de Equipo Económico, Rafael Martínez, y uno de los socios directores del despacho, Francisco Piedras, han reclamado al juez que instruye el 'caso Montoro' que no atienda la petición del PSOE de permitir a las partes consultar "todos los soportes digitales" y, por tanto, impida el acceso a "información personal" en la causa en la que se investigan presuntos favores fiscales a empresas sobre todo gasísticas en la época de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda.

Con un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de ambos investigados pide al juez de Tarragona Rubén Rus que proceda "al expurgo y se excluya del traslado a las partes personadas cualquier información, documento, archivo, fichero o efecto informático que no guarde relación con el objeto de la investigación".

Los investigados consideran que el juez "ha de evitar que conste" en la causa "material innecesario para el buen fin de la instrucción y que al mismo tiempo pudiera afectar tanto al derecho a la intimidad del investigado como, incluso, al de terceros ajenos a los hechos que se instruyen y respecto a los que la protección de su intimidad estaría aún más justificada".

Al respecto, inciden en "la necesidad de excluir ciertos documentos del traslado interesado por el PSOE", que solicitó --exponen-- "el traslado de todos los soportes digitales que obren en la causa".

"Entendemos que el juzgado está a tiempo de excluir del mismo aquella información de carácter personal de los investigados (o incluso de terceros contra los que no se dirige imputación alguna) que, precisamente por no haber sido expresamente incorporada por los agentes a los informes, pueda entenderse que carece de relevancia para el objeto de la investigación", abundan.

GASTOS GENERALES O DATOS FISCALES

Martínez y Piedras mencionan que en "varios de los informes que obran en la causa" hay "información personal de los investigados que se encuentra absolutamente desconectada del objeto de la investigación".

Y apuntan que en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre análisis de cuentas bancarias "se reconoce expresamente que existen numerosos movimientos relacionados con gastos operativos generales, pagos a terceros y disposiciones en efectivo que, si bien forman parte de la operativa financiera de Equipo Económico, carecen de relevancia directa".

"El análisis individualizado de estos movimientos no presenta un patrón que los una con los hechos investigados, ya sea por el periodo temporal en el que se producen, por su cuantía o por su naturaleza, entre otros", añaden.

Critican que se han incorporado a la causa las declaraciones tributarias del despacho, de sus socios y numerosos datos fiscales pese a su "confidencialidad", provocando "enormes perjuicios económicos y un irreparable daño reputacional a los afectados".

Por ello, la defensa denuncia "constantes filtraciones" del contenido de la causa y acusa al juez de no haber tomado "la más mínima medida" para impedirlo aunque se tratara de "información que afecta a la intimidad de los investigados o de terceros que con ellos han tenido alguna relación, a veces en períodos temporales muy alejados de los hechos objeto de investigación".