La AN juzga desde este lunes a seis acusados de realizar vídeos yihadistas ambientados en Palma con millones de visitas

Una de las piezas presentadas como prueba clave frente a la Audiencia Nacional consiste en varios vídeos desarrollados como dramatización, en los que se narra la radicalización y posterior reclutamiento de un joven residente en Palma, utilizando como referencia el proceso de captación hacia Siria. Hussein F. interpretó a este personaje ficticio, Toufik, y también participó en la edición de los materiales, según consignó Europa Press. En estos contenidos audiovisuales, los acusados trataron de representar de manera explícita el traslado y adoctrinamiento de individuos jóvenes hacia zonas de conflicto controladas por grupos yihadistas, conformando parte del material que ha servido de base a la Fiscalía para sostener la acusación formal por delitos vinculados al terrorismo.

La AN inició este lunes el juicio contra seis personas, entre ellas Tariq C., identificadas como responsables de impulsar actividades de captación y adoctrinamiento terrorista. De acuerdo con la acusación pública recogida por Europa Press, el principal acusado llevó a cabo, desde el año 2013, una labor persistente de predicación religiosa orientada hacia el salafismo radical, implementada a través de un canal de YouTube con un alcance significativo: más de 12.000 suscriptores y 100.000 vídeos reproducidos colectivamente más de diez millones de veces. Parte del contenido grabado y difundido se ambientó en Palma de Mallorca, lugar de residencia de los principales implicados.

La Fiscalía ha solicitado para el líder Tariq C. y Hussein F. una condena de ocho años de prisión, acompañada de una multa de 12.000 euros, imputándoles los delitos de captación y adoctrinamiento terrorista. Para los otros cuatro encausados, el fiscal pide cinco años de cárcel por autoadoctrinamiento terrorista. Europa Press informó que, conforme se recoge en el escrito de acusación, los seis acusados permanecieron en prisión provisional desde 2017 ante el temor fundado de una acción violenta, circunstancia bajo la cual desaparecieron los vídeos de las redes sociales.

El contenido de los vídeos examinados en el dossier fiscal evidencia estrategias específicas para captar militantes del Estado Islámico (DAESH) y de otras organizaciones, como Jabhat al Nusra, esta última asociada a Al Qaeda. La Fiscalía detalló que los vídeos buscaban impactar a jóvenes musulmanes en Europa apelando a emociones como el sentimiento de alienación, el sufrimiento derivado de los conflictos en Siria, y el llamado a cumplir el deber religioso de la yihad. Los materiales utilizaban recursos visuales y sonoros propios de la propaganda militar, retratando a los combatientes como figuras heroicas.

Según informó Europa Press, el documento fiscal subraya que la actividad de predicación de Tariq C. fue prohibida en Marruecos, razón que impulsó el traslado de sus actividades a las plataformas digitales. Así, aprovechó el entorno de las redes sociales para expandir el discurso de la corriente salafista radical y ofrecer apoyo ideológico a diferentes estructuras terroristas anexas a la yihad global.

El medio reseñó que la labor de Tariq C. contó con la colaboración directa de Hussein F., quien, además de asumir roles actorales y técnicos, persuadió a los otros cuatro procesados a desempeñar funciones secundarias dentro de las producciones audiovisuales. De esta manera, el grupo conformó una estructura donde las responsabilidades se dividieron en distintas fases de la creación y distribución de contenidos.

Europa Press también indicó que entre los acusados figura Azzouz A., a quien se le atribuye la grabación y custodia de vídeos durante sesiones con menores de edad. En estas grabaciones, Azzouz A. instruía a los participantes en técnicas de combate dentro de un tatami, con una puesta en escena similar a la de los vídeos producidos por el Estado Islámico que muestran el adiestramiento de menores. Durante dichas sesiones se reproducían 'anasheeds', cantos islámicos con letras de contenido violento, según la acusación presentada por el Ministerio Público.

Uno de los elementos recogidos por la Fiscalía detalla el impacto en los menores expuestos a estos entrenamientos. Un testimonio recogido en la instrucción relata que uno de los niños que asistía a las sesiones manifestó en la escuela a un compañero que “no compartían el mismo Dios y que por eso los matarían a todos”, según la información de Europa Press. Este hecho forma parte del conjunto de pruebas que la acusación utiliza para evidenciar el alcance y la finalidad del adoctrinamiento realizado.

La investigación que llevó ante los tribunales a estos seis acusados partió de la observación sobre la difusión sistemática de propuestas yihadistas en Internet usando canales de amplio seguimiento. La proliferación de vídeos con contenido propagandístico, el desarrollo de series dramáticas que reflejaban procesos de radicalización, y la instrucción directa a menores configuran —de acuerdo con la acusación formal difundida por Europa Press— una estrategia de captación organizada y dirigida a multiplicar la base de simpatizantes y posibles militantes de grupos terroristas entre jóvenes residentes de Europa.

En la argumentación fiscal, la persistente producción y distribución de materiales audiovisuales formó parte de un plan para fomentar la radicalización, el autoadoctrinamiento y la ejecución de actividades compatibles con los objetivos de organizaciones como el DAESH. Además, la Audiencia Nacional analizará el grado de implicación y las responsabilidades individuales en relación a la elaboración, edición, protagonismo y soporte logístico necesario para la generación y funcionamiento de estos canales de propaganda.

Finalmente, el procedimiento en curso evalúa tanto los aspectos derivados de la organización y ejecución de los contenidos, como el impacto concreto que generaron sobre terceros, especialmente menores de edad, así como la potencial amenaza para la población general, hecho por el cual, según la documentación de la Fiscalía citada por Europa Press, se dictó prisión provisional para los acusados desde el primer momento de la investigación.