La situación de la vivienda: la constante fricción entre el PSOE, Sumar y los aliados del bloque de investidura

Las diferencias sobre las políticas de vivienda han derivado en que Sumar plantee reformas urgentes, incluyendo la prohibición de la compra especulativa de viviendas y mayores impuestos a grandes propietarios, en paralelo a la presión de partidos como Podemos, ERC y Bildu para que el Ejecutivo actúe ante la crisis inmobiliaria. De acuerdo con Europa Press, estos grupos sostienen que el Gobierno no ha logrado aplicar soluciones contundentes y exigen frenar el aumento del coste para acceder a un hogar. El martes pasado, la tensión creció cuando Sumar criticó la iniciativa de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que lanzó un nuevo teléfono de consultas y una campaña en redes, acciones calificadas como insuficientes por las formaciones a la izquierda del PSOE.

El descontento dentro del gobierno de coalición se reflejó en las palabras de la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, quien expresó que la paciencia del grupo hacia Isabel Rodríguez se agotaba y sugirió que, de persistir la falta de valentía en la gestión, la ministra “tendría que dejar paso a otra persona”, aunque después aclaró que no estaba pidiendo su dimisión. Según reportó Europa Press, estas declaraciones generaron malestar en la facción socialista, cuyo entorno defendió la labor de Rodríguez y calificó los reproches de Sumar como un error. Para la ministra, se trata de una estrategia de Sumar “para llamar la atención”.

El conflicto fue parcialmente apaciguado luego por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que concluyó que la prioridad deben ser las políticas y no las personas, y se mostró dispuesta a negociar con el PSOE nuevas medidas. Díaz anticipó que las propuestas de Sumar, presentadas en forma de decreto, acabarían siendo incorporadas por los socialistas por ser consideraciones de “sentido común”. De acuerdo con Europa Press, entre los temas en discusión destacan la congelación de alquileres, la prohibición de compras de vivienda para especulación, y un incremento de la presión fiscal sobre quienes dispongan de cuatro o más viviendas. Además, Sumar considera que el Ejecutivo tiene la obligación de aprobar estas intervenciones y asegurar el respaldo parlamentario necesario.

En tanto, el presidente Pedro Sánchez ha buscado dar una respuesta desde el ámbito europeo. Según publicó Europa Press, el jefe del Gobierno propuso a los líderes de la Unión Europea la creación de un fondo específico para la construcción de vivienda protegida, así como otras medidas para estabilizar los precios, especialmente en zonas tensionadas y en el segmento de las viviendas turísticas.

El portavoz de Sumar en la Comisión de Vivienda del Congreso, Alberto Ibáñez, criticó abiertamente a la ministra Isabel Rodríguez. Según indicó Ibáñez, la ejecución presupuestaria en políticas de vivienda en 2024 alcanzó solo el 32% del presupuesto previsto, representando una reducción del 43% en comparación con 2023. Además, solo se ha ejecutado el 14,5% de los 3.168 millones de euros asignados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Fondos Next Generation), lo que convierte su gestión en la de menor ejecución entre los ministerios. Ibáñez ha solicitado a Rodríguez que corrija este desfase y ponga en marcha cambios que eliminen el oligopolio en la propiedad inmobiliaria. El portavoz subrayó que esta baja ejecución “choca frontalmente” con las propuestas del presidente Sánchez en el entorno comunitario.

Las tensiones entre el PSOE y Sumar sobre las políticas de vivienda han sido una constante durante toda la legislatura. En una entrevista previa con Europa Press, Verónica Barbero manifestó que el área necesita innovación y valentía, cualidades que, según consideró, faltan en la gestión de Isabel Rodríguez. Sumar ha urgido al PSOE a desbloquear la tramitación de una ley que limite el alojamiento turístico y ha rechazado otras propuestas socialistas, como el aval a las hipotecas, incentivos fiscales a propietarios que rebajen el precio del alquiler y ayudas directas de hasta 30.000 euros para jóvenes que accedan a viviendas con alquiler con opción a compra. Según Sumar, estas medidas no resuelven el problema de acceso a la vivienda y, en cambio, implican transferencias de recursos a los “rentistas”.

Otro episodio de discordia se manifestó en la propuesta de reforma de la Ley del Suelo, impulsada por el PSOE, que finalmente fue retirada antes de su votación en el Congreso por falta de respaldo de Sumar y de otras formaciones de izquierda.

Las críticas al Gobierno en materia de vivienda no se limitan a Sumar. ERC, a través de su portavoz Gabriel Rufián, ha advertido al presidente Sánchez de que la crisis habitacional podría tener un impacto negativo sobre el Ejecutivo, reclamando respuestas inmediatas que permitan reducir los precios. Bildu también ha intervenido en el debate, advirtiendo que las iniciativas del Gobierno siguen resultando escasas.

Podemos se ha mostrado especialmente duro en sus valoraciones. El partido ha tachado la iniciativa del teléfono de consultas como una “tomadura de pelo” y ha acusado al Ejecutivo de inacción y de plegarse a los intereses de quienes obtienen rentas del mercado inmobiliario. De acuerdo con Europa Press, la dirección de Podemos sostiene que el PSOE utiliza la complejidad parlamentaria como argumento para no avanzar en reformas, responsabilizando a partidos como Junts y PNV de los bloqueos. Además, Los dirigentes de Podemos han condicionado su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2026 a la inclusión de medidas específicas en vivienda: una reducción legal del 40% en el precio de los alquileres, la prohibición de compraventa no residencial en zonas tensionadas y la expropiación de pisos en manos de fondos de inversión para destinarlos a alquiler accesible.

Esta semana, Podemos recriminó al PSOE que se aliara con partidos como el PP, Vox y Junts para bloquear en el Congreso una proposición no de ley que incluía estas medidas, así como la transformación en indefinidos de los contratos de arrendamiento. Europa Press consignó que estas diferencias reflejan la división persistente entre las fuerzas del bloque de investidura y el Ejecutivo en torno a cómo abordar el problema del acceso a la vivienda en España.