Los inspectores de Hacienda reclaman "nacionalizar" las competencias de inspección

Salamanca, 24 oct (EFECOM).- Los inspectores de Hacienda del Estado han abogado este viernes por "nacionalizar" las competencias de inspección financiera y tributaria, que actualmente están regionalizadas por domicilio fiscal, con el objetivo de mejorar la lucha contra el fraude.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha presentado, con motivo de su XXXV congreso, el documento 'Análisis de los principios constitucionales de nuestro sistema tributario: Una propuesta de reforma', en el que hacen algunas propuestas para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

Entre ellas figura la "eliminación" de la inspección regionalizada por domicilio fiscal, es decir, que la competencia de inspección pase a ser nacional, de manera que, si es necesario investigar a una persona o empresa de otra comunidad autónoma, pueda hacerse sin tener que solicitar una ampliación de competencias que puede ser anulada judicialmente, como ocurre actualmente.

En su opinión, esto permitiría movilizar los funcionarios donde haya más carga de trabajo, facilitaría seguir el rastro del fraude organizado "sin interrupciones" burocráticas; eliminaría duplicidades; y, en definitiva, prescindiría de un sistema "rígido y anacrónico" en un contexto de operaciones globalizadas.

"El fraude no está nacionalizado, está mundializado", ha advertido la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, y las empresas "saben" tanto que los inspectores están limitados regionalmente como que la vigilancia es menor en las regiones en las que hay más empresas por inspector, como en Madrid.

Los inspectores también recuperan en el documento algunas de sus iniciativas tradicionales para combatir el fraude, como reclamar que se les permita actuar de incógnito, pagar a confidentes, crear una policía fiscal, un régimen especial para defraudadores o, incluso, una 'muerte civil' en casos especialmente graves, lo que incluiría desde la revocación del NIF hasta requisitos especiales para registrar bienes.

Asimismo, abogan por avanzar en la digitalización de la administración tributaria, lo que pasa por integrar las bases de datos de la Agencia Tributaria, la dirección General de Tributos y los Tribunales Económico-Administrativos; la adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA); mejorar los asistentes virtuales o crear un Consejo de Administración Digital Tributaria.

Al mismo tiempo, los inspectores alertan de que hay impuestos, como el de donaciones, que, aunque no contravienen el principio de igualdad en términos legales, muestran en la práctica una disparidad entre comunidades autónomas tan grande que puede alentar las deslocalizaciones ficticias.

A modo de ejemplo, apuntan que un contribuyente de 30 años que recibiera 800.000 euros de su padre en efectivo sin destino específico tendría que pagar 200.122,67 euros en Extremadura, pero nada en Cantabria.

Asimismo, analizan el principio de capacidad, que ven incumplido porque "un porcentaje muy alto de los impuestos son pagados por ciudadanos perceptores de rentas del trabajo", frente a un impuesto de sociedades que aporta solo un 13 % del total.

A esto se añade que las rentas del trabajo se gravan en el IRPF de manera más perjudicial que las del capital, lo que afecta a la progresividad.

Para abordar estos retos, los inspectores reclaman un Estatuto de la Agencia Tributaria que la dote de autonomía orgánica y funcional, con plena independencia del Gobierno y el resto de las administraciones públicas.

Esta nueva Agencia estaría liderada por un director general, nombrado por el Parlamento por cinco años, un Consejo de Gobierno -con representantes de todas las administraciones públicas que participen de los ingresos públicos- y un Comité Ejecutivo. EFECOM