
El productor Nacho Cano ha anunciado la presentación de una querella ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra la jueza que investigó las supuestas irregularidades en el espectáculo 'Malinche' tras el archivo por falta de competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La Sala esgrime en un auto que la jueza ha perdido su condición de aforada por su jubilación forzosa, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 9 de agosto. La querella se presentó por la presunta comisión de un delito de prevaricación.
Ante esta decisión, Nacho Cano presentará de inmediato la querella en el Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla, a fin de que se proceda a su reparto al Juzgado de Instrucción que por turno corresponda.
"Respetamos el criterio del Tribunal Superior, que se limita a declarar su falta de competencia. Ahora daremos el siguiente paso natural: registrar la querella en Plaza de Castilla para que un Juzgado de Instrucción entre a valorar los hechos", ha señalado el equipo jurídico de Nacho Cano.
La resolución del TSJ de Madrid se basa en la pérdida de la condición de magistrada de la querellada, publicada en el BOE, y en la doctrina consolidada que descarta el aforamiento cuando cesa el cargo. Conforme a la ley, la acción penal continuará ante el juez ordinario predeterminado por la ley.
"PREMISAS ERRÓNEAS"
En la querella, la defensa de Cano exponía que el atestado policial que dio origen a la causa se basó en premisas erróneas, como "la indebida aplicación de la legislación vigente y la consideración de los estudiantes como trabajadores ilegales".
"A partir de esas premisas erróneas, se elaboró un atestado plagado de irregularidades, en el que se practican todo tipo de actuaciones" policiales" con el único fin de proceder a la detención de mi representado", señalaba.
Los letrados detallaban que hay 17 denuncias por delitos de coacciones, amenazas, falsificación de documento público (atestado) relacionadas con el procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción número 19, dado que "las irregularidades existentes en dicho atestado y en la actuación policial determinan para esta representación, un grave delito contra la administración de justicia que solo puede acreditarse si se instruye conjuntamente". Pese a ello, la jueza rechazó las inhibiciones formuladas por los juzgados sobre los que recayeron estas denuncias.
Añadía la defensa que "se ha encontrado con serias dificultades para ejercer el derecho de defensa consagrado en el artículo 24 CE, no solo por la denegación constante de esta representación a acceder y practicar las diligencias de prueba que considera necesarias, útiles y pertinentes en los hechos que se investigan, sino porque la parcialidad de la juez, aquí querellada es notoria".
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