Las acusaciones del 'caso Begoña Gómez' piden careo de cargos de la UCM para confrontar versiones sobre la cátedra

Las acusaciones del 'caso Begoña Gómez' han solicitado al juez instructor, Juan Carlos Peinado, que realice un careo entre el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, y el exvicerrector Juan Carlos Doadrio para "confrontar versiones" sobre la cátedra que codirigió la esposa del presidente del Gobierno.

Así lo pidieron este lunes en la vista convocada por el juez para informar a los tres investigados en la pieza principal --Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés-- de que si van a juicio, serán juzgados por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces.

En la vista, las acusaciones populares, dirigidas por Hazte Oír, respaldaron la decisión de Peinado de abocar toda la causa a un juicio con jurado popular y volvieron a solicitar que declare como testigo el jefe del Ejecutivo, esta vez por el 'software' de la cátedra, según confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Las acusaciones han remitido este martes a Peinado un escrito, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, en el que plasman los argumentos que utilizaron en la vista y las peticiones que realizaron.

Entre ellas está la de un "careo" entre Goyache y Doadrio, "con el fin de confrontar las versiones que ambos han ofrecido en sus respectivas declaraciones sobre los hechos investigados y, en particular, sobre las actuaciones vinculadas al software y las decisiones adoptadas en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid".

Y en el caso de no considerar procedente ese careo, solicitan al juez que ambos sean citados de nuevo en calidad de testigos para "completar o aclarar sus declaraciones en los aspectos señalados".

NUEVA DECLARACIÓN DE UN CARGO DE GOOGLE

Las acusaciones también solicitaron una nueva testifical de Miguel Escassi, responsable institucional y de políticas públicas de Google, en base a "nueva información aportada" por la compañía "en las últimas semanas, así como por los correos remitidos por Doadrio, nuevos hechos de gran relevancia".

Se refieren así a un correo que la asesora de Gómez envió a Doadrio con una carta dirigida a Escassi, el 11 de julio de 2022, en el que puso en copia a esposa de Sánchez. En la misiva se ofrecía a Google la posibilidad de participar "activamente" en la cátedra, que presentaba como "el agente facilitador que faltaba" para "multiplicar las economías transformadoras, desde la estrategia de las compañías".

"Creemos que Google sería una empresa candidata ideal para formar parte de esta alianza a través de la categoría Crecer. Esta categoría consiste en una colaboración económica anual de 40.000 euros mediante la cual y durante los próximos dos años Google podrá: intervenir/asistir en el desarrollo de la plataforma", decía la carta.

Las acusaciones ven "necesaria" la declaración de Escassi "tanto por su conocimiento de la cátedra, por lo explicado por él mismo, el haber sido Patrono de la Fundación de la UCM, como por su conocimiento directo del tejido de relaciones para obtener financiación a la hora de desarrollar el software".

Y DE BARRABÉS

Incluyen en sus peticiones que se practique como "prueba preconstituida" la declaración de Barrabés, "en atención a los motivos de salud debidamente acreditados", para "evitar la eventual pérdida de un medio de prueba esencial".

Y que se libre oficio a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense para que remita al juez copia íntegra de todos los correos electrónicos, comunicaciones o documentos electrónicos que hayan sido intercambiados entre "Álvarez y/o Gómez" para "acreditar la apropiación indebida" por cuanto la asesora "gestiona la cesión de un 'software' o 'dominio'".

Asimismo, solicitan que se incorpore "por vía de testimonio el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se analizan los correos electrónicos de Doadrio, entre ellos más de 100 'emails' de "gestiones" de la asesora de Gómez con empresas para financiar la cátedra.

Las diligencias reclamadas "resultan legales, lícitas, posibles, necesarias, conducentes, útiles, proporcionales y pertinentes, tanto para la consolidación de la prueba de cargo como para la individualización de las responsabilidades penales y civiles de cada uno de los investigados", en opinión de las acusaciones.

EL MATRIMONIO SÁNCHEZ-GÓMEZ, "NUCLEAR"

En la vista, desde Hazte Oír hicieron hincapié en que la relación entre Gómez y Barrabés estuvo "orientada a favorecer a este último en procesos de contratación", en la "participación directa" de Álvarez en la financiación de la cátedra y la gestión del 'software', "sin cuya actuación operativa no se habría podido materializar la trama delictiva", y en "la confluencia de todos ellos en torno a la plataforma digital, a la estructura académica y a las iniciativas financiadas con recursos públicos".

A su juicio, esas actuaciones, "coordinadas y convergentes, permiten apreciar los elementos típicos de los delitos" investigados en la pieza principal: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

Las acusaciones sostuvieron que la condición de Gómez como esposa del presidente del Gobierno desde el año 2018 "le ha permitido proyectar una influencia determinante sobre terceros, tanto en el ámbito institucional como en el empresarial y académico".

Un vínculo, agregaron, que es "el elemento nuclear que explica la viabilidad de las conductas investigadas, puesto que, sin esa relación directa, difícilmente habría podido situarse en una posición de acceso a recursos públicos y privados, ni ofrecer el valor añadido de supuestas influencias ante Administraciones y grandes corporaciones".

"CIRCUITO DE APROPIACIÓN INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL"

También resaltaron el "'know-how' generado en el marco de la cátedra" y la "estructura creada" en torno al 'software', elementos que "constituyen un capital intelectual e institucional susceptible de explotación comercial y académica, cuya apropiación indebida priva a la Universidad de un activo estratégico".

Según estimaron, el valor económico del 'software' vinculado a la cátedra y su ecosistema supera con creces el medio millón de euros" si se tiene en cuenta "la inversión directa" y "el potencial de explotación del 'know-how' acumulado, la legitimación institucional derivada de la participación de Google, Telefónica e Indra, y la capacidad de escalar el producto, habiendo la investigada Gómez presentado el sistema en diferentes foros".

"Desde esta óptica, resulta jurídicamente indudable que nos hallamos ante un bien patrimonial de alto valor, cuya apropiación indebida a través de su explotación bajo titularidad privada (Transforma TSC, S.L. y el dominio 'transformatsc.org') genera un perjuicio directo para la Universidad Complutense y constituye un indicio sólido de ánimo de lucro y apoderamiento ilícito", expusieron.

Las acusaciones indicaron que "se utilizó de manera consciente la misma denominación y conceptualización que el Máster, la Cátedra y el dominio web, en un entramado de nomenclaturas que, sin lugar a duda, generan una confusión clara y evidente".

"De este modo consolidó un circuito cerrado de apropiación institucional y empresarial, en el que se confundían estructuras académicas, mercantiles y personales", añadieron.

Al respecto, quisieron resaltar como "de especial trascendencia" que "no llegaron a registrar formalmente el 'software' a través de la OTRI, pues en lugar de culminar el procedimiento universitario, utilizaron directamente el 'software' en la web transformatsc.org, apropiándose de un recurso desarrollado en el marco de la cátedra para su explotación privada y habiéndose registrado por parte de Gómez las marcas vinculadas".