Castilla y León asegura que condonación de deuda les supondrá 523 euros más por habitante

Valladolid, 4 oct (EFECOM).- El Gobierno de Castilla y León ha remitido doce alegaciones en las que formaliza su rechazo al anteproyecto de ley de la condonación de la deuda, ya que "perjudica especialmente a los ciudadanos de esa comunidad, que verían aumentada su deuda en 523 euros por habitante".

La Consejería de Economía y Hacienda de Castilla y León ha informado este sábado en un comunicado de que ha remitido esas alegaciones al Ministerio de Hacienda en el plazo establecido en trámite de audiencia.

Ha explicado que en el documento se reitera la oposición de Castilla y León a la propuesta de condonación de deuda autonómica planteada por el Gobierno de España.

Ese rechazo ya fue trasladado por la Consejería autonómica en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha sido reiterado en distintos encuentros técnicos, así como en el trámite de consulta pública previa.

Castilla y León ha alegado que esa norma tiene "una motivación claramente política y responde al cumplimiento del acuerdo de investidura del Gobierno de España entre dos partidos políticos"; y no ofrece una solución integral al problema de la sostenibilidad financiera de las comunidades para sufragar los servicios de su competencia.

Para Castilla y León, "la prioridad debe ser la reforma del modelo de financiación caducado desde hace 11 años, atendiendo a los principios de solidaridad y suficiencia de recursos en un marco de igualdad y multilateralidad".

Además "se menoscaba el principio de responsabilidad fiscal de la gestión pública que recoge el artículo 9 de la Constitución Española y el artículo 8 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por el que cada administración debería responder de sus decisiones y asumir las consecuencias de estas".

Asimismo, no implementa mecanismos de condicionalidad adecuados para garantizar que el endeudamiento se adecúe a lo que permiten las reglas fiscales, e incentivar una disciplina fiscal efectiva; y se ha hecho "sin transparencia, socavando los principios de cooperación y colaboración" entre el Estado y las Comunidades.

Castilla y León discrepa también de los criterios de reparto acordados y aplicados "ya que se consideran totalmente discrecionales" y los ciudadanos de esa comunidad "estarían entre el grupo de los más perjudicados ya que el efecto final es que verían aumentada su deuda per cápita en 523 euros".

Otras alegaciones inciden en que a través de la reducción de la cartera de deuda no se alcanzará el objetivo de reforzar la sostenibilidad financiera de las autonomías, máxime cuando Castilla y León ya disfruta de un adecuado grado de accesibilidad a los mercados al tener un grado de solvencia financiera idéntico al Reino de España.

Y plantea además la comunidad que la sostenibilidad financiera autonómica se debe abordar de forma conjunta con la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), en un debate multilateral que garantice la igualdad en el reparto de recursos, en una comunidad que, según su Consejo de Cuentas, tiene un déficit acumulado en su financiación de 6.722 millones entre el 2009 y 2021. EFECOM