La jueza de la dana rechaza de nuevo investigar a Polo (CHJ) y ve "completamente absurda" la "contumaz insistencia"

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha vuelto a rechazar la investigación en la causa del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, una petición que en este caso había formulado la acusación popular ejercida por Valores por una supuesta conducta omisiva que daría lugar a un delito de omisión del deber de socorro.

Para la magistrada resulta "completamente absurda la contumaz insistencia en la atribución de responsabilidad" tanto a este organismo como a la Aemet o a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, si a las 18.59 horas se estaba discutiendo en el Cecopi sobre el envío del ES-Alert a la población, un envío que no se materializó hasta las 20:11.

"Una atribución de responsabilidades penales en la que insisten algunas acusaciones que solo tiene efectos exoneratorios respecto de los investigados", indica la instructora, que subraya que resulta "clara" la coincidencia en las preguntas con las defensas, pero que "en modo alguno jamás podrá revestir efectos incriminatorios respecto de testigos que no asumen la posición de garante".

En esta línea, la jueza sostiene que "no se puede argumentar, con el volumen de información de que se disponía cuanto menos desde la mañana" del 29 de octubre "un desconocimiento de la situación". "Se está defendiendo un sistema de análisis de información y de control del riesgo tan absurdo como defender que un Juez de Violencia de Género, o un Letrado de víctimas, no supiera lo que es el SIRAJ, no supiera leer la hoja de antecedentes penales y de medidas cautelares, afirmara desconocer que existe el sistema Viogen, o que no sabe que se puede adoptar una orden de protección, o que un controlador aéreo no sepa leer la pantalla del radar", detalla.

Así lo afirma en un auto de este martes, notificado ya a las partes y contra el que cabe recurso, en el que subraya que la resolución del pasado 13 de junio de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia excluyó "de manera expresa" la existencia de "apagón informativo" como elemento "determinante" de la imputación de delito alguno y señaló que el anuncio de la gravedad de la situación "se produjo en diversos ámbitos y con antelación suficiente a través de la Aemet, las llamadas al 112, los medios de comunicación, la CHJ, el acceso a la información se podía efectuar a través del sistema integrado SAIH, así como los correos electrónicos".

Según sostiene la instructora, esto fue explicado "de forma extensa" por Polo en su declaración como testigo, y añade que a él "no se puede culpar" de que "los responsables de la emergencia, directores del plan especial de inundaciones, no hicieran uso del SAIH, no analizaran los datos pluviométricos, las previsiones meteorológicas ni las informaciones de los medios de comunicación, ni las llamadas al 112, o que, pese a que sabían que los barrancos estaban al borde del colapso, no los controlaran".

CONVENIENCIA DE LA ALERTA

Además, subraya que fue Polo quien manifestó la conveniencia de mandar la alerta a la 17:30 horas, "en momento muy anterior al que consta ya en las imágenes y audio del Cecopi que se hicieron públicos por RTVE, admitidas y aportadas a la causa". "Cuando la investigada sra Pradas daba órdenes respecto del contenido del mensaje, y decía que no le apetecía llamar al sr. Polo, había pasado ya bastante tiempo desde que se discutió la posibilidad de alertar a la población a través de un mensaje (que por otro lado no era la única vía)", recalca la magistrada, que cita declaraciones de testigos para apoyar esta afirmación, como la del coordinador del departamento de telecomunicación de la AVSRE o la del validador del ES-Alert.

En esta línea, incide en que "incluso, en las imágenes emitidas por RTVE se aprecia, cómo a las 18:59 h, la consellera daba instrucciones de extremos que también había que incluir en el texto del mensaje". "En realidad, si en ese momento ya se estaba discutiendo el envío de dicho mensaje y se envió finalmente a las 20:11 horas, resulta completamente absurda la contumaz insistencia en la atribución de responsabilidad a la CHJ, a la AEMET, e incluso a la Delegada del Gobierno", señala.

La magistrada hace hincapié en que "señalar que el envío de mensajes a la población al objeto de que adoptara medidas de autoprotección era esencial para salvar sus vidas. Las víctimas desconocían que corrían un altísimo riesgo por usar su coche, bajar al garaje, estar en la vía pública o incluso por el simple hecho de permanecer en su domicilio en planta baja. Víctimas que perecieron de forma terrible". Como consecuencia de la dana murieron 229 personas en la provincia de Valencia.