La asesora de Gómez recurre la decisión de Peinado de abocar la presunta malversación a un juicio con jurado

Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha recurrido este martes la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abocar el presunto delito de malversación en sus actividades laborales a un juicio con jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, donde la defensa de Álvarez acude directamente a la Audiencia Provincial de Madrid para que revoque esta última decisión de Peinado.

En concreto, sostiene que la resolución de Peinado "desobedece" el criterio ya fijado por la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto de junio "negó, de manera expresa y tajante" que Álvarez "haya podido cometer el delito de malversación que ahora se le atribuye".

El escrito acusa además al auto de "mutilar" y citar de forma "descontextualizada" pasajes de dicha resolución para "disimular su rebeldía", cuando en realidad -- tal y como remarca la defensa-- la Audiencia sólo consideró indicios de tráfico de influencias.

Asimismo, recuerda que el propio Juzgado de Instrucción ya había rechazado en el pasado mes de mayo una querella interpuesta por Vox contra Álvarez por malversación, al entender que no se le podía atribuir responsabilidad penal por el desempeño de las funciones que tenía encomendadas. Para la defensa, el cambio de criterio del magistrado supone una vulneración de "la seguridad jurídica".

En este sentido, el recurso advierte de que los mismos hechos han sido calificados de forma distinta en sucesivas resoluciones --primero negando tráfico de influencias y después negando malversación-- sin que se hayan producido nuevas diligencias o indicios, lo que, a juicio de la representación legal de Álvarez, evidencia una "incoherencia".

ÁLVAREZ CUMPLIÓ CON SUS OBLIGACIONES "DE MANERA EXQUISITA"

La defensa subraya además que la asesora no tiene la "cualificación específica" para cometer el delito de malversación, que requiere "una relación funcional con el caudal público", y que "no se ha producido perjuicio a las arcas públicas".

"No consta dato ni indicio de que mi patrocinada haya desatendido sus funciones por haberse dedicado a tareas privadas de doña Begoña Gómez", apunta el escrito, que recalca que Álvarez ha cumplido con sus obligaciones "de manera exquisita".

Por todo ello, la defensa de la asesora de Gómez solicita a la Audiencia Provincial que "dicte Auto por el que estime el presente recurso de apelación, y deje sin efecto la resolución recurrida" en lo relativo a Álvarez.