El Supremo pide a la IGAE un informe sobre las obras de Adif y Carreteras investigadas en el 'caso Koldo'

El magistrado instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha instado a la Intervención General del Estado (IGAE) a que realice un informe sobre las obras adjudicadas por Adif y la Dirección General de Carreteras que se investigan en la causa de presuntos amaños en concursos públicos a cambio de comisiones.

Según una providencia de este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor quiere un "informe sobre los diferentes expedientes de contratación, el procedimiento de adjudicación de los contratos y su ejecución, incluyendo las modificaciones que se hayan podido producir en los mismos".

Así lo acuerda después de que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, lo solicitara tras incorporarse a la causa la documentación aportada tanto por Carreteras como por Adif.

Puente, que indica que deberá ser remitida a la IGAE copia de esa documentación para que lo lleve a cabo, ve "evidente la pertinencia de la diligencia de investigación interesada" por Anticorrupción y considera "innecesaria cualquier justificación al respecto para motivar la conveniencia de su práctica".

LA DOCUMENTACIÓN PEDIDA

El magistrado aprovechó un auto del pasado junio para requerir a Adif que enviase al Supremo documentación relativa a la adjudicación de cinco obras: una en Sant Feliú de Llobregat (Cataluña), por 51,7 millones de euros; dos en Murcia, por 158,8 millones y 121,1 millones; una en Monforte (Galicia), por 1,4 millones; y otra en Asturias, valorada en 592.053 euros.

También reclamó a la Dirección General de Carreteras que facilitase documentación relativa a la adjudicación de seis obras: una en Logroño (La Rioja), por 92,4 millones de euros; una en Sevilla (Andalucía), por importe inicial de 71,4 millones que luego se amplió hasta los 102,8 millones; una en Asturias, por 7,3 millones; una Úbeda (Andalucía), de la que no se precisa importe; una en Teruel, por 5,7 millones; y una en la autovía A-12 en el tramo entre La Rioja y Burgos, por 72,4 millones.

Se trata de las adjudicaciones señaladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe del pasado 5 de junio y que, según los agentes investigadores, fueron otorgados a Acciona Construcción, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).

"De no encontrarse en su poder todo o parte de dicha documentación, deberá indicarse el órgano concreto en el que se hallen", explicaba el instructor a Adif y Carreteras, a la vez que les reclamaba que aportasen las actas de reuniones y el listado completo de las actuaciones con los responsables de las mismas.