La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza ha citado a declarar en calidad de investigados a Emilio Santacatalina Revelles y a Nicolaas Richardus Johannes María por la venta de 10.000 mascarillas defectuosas al Gobierno de Aragón durante la pandemia.
La diligencia judicial señala el próximo 16 de diciembre, a las 12.45 y 13.30 horas, respectivamente, como fecha y hora para la comparecencia. Para el supuesto de que no fueran localizados en los indicados domicilios se oficiará a Policía Nacional para la averiguación correspondiente, recoge el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
"Igualmente y en relación a los citados para el caso de ostentar la representación legal de las entidades mercantiles Grupo Santacatalina Build New World y Escrow & Trust Europe Foundation se proceda a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 119 de la Lecrm --Ley de Enjuiciamiento Criminal-- en cuanto al emplazamiento de las personas jurídicas (para igual fecha a la establecida) debiendo designar representante y compareciendo con Abogado y Procurador y con aportación de las escrituras de constitución de la Sociedad e indicación del domicilio social de las mismas".
Además, se requiere "a efectos complementarios a Wolke, Patentes y Marcas, S.L., sita en Calle Alejandro Ferrant, 9, 1o C, 28045 Madrid ESPAÑA, para que informe acerca del domicilio de la mercantil Grupo Santacatalina Build New World, en tanto presentó en nombre de la misma solicitud de patente en nombre o como intermediación de la misma", añade el documento.
"DELITO DE ESTAFA"
El Gobierno de Aragón trasladó al Ministerio Fiscal el expediente de los contratos de mascarillas "defectuosas" realizado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en el año 2020 para "el esclarecimiento de los hechos en cuanto a los mismos pudieran llegar a ser constitutivos de un delito de estafa", tipificado en el artículo 248 del Código Penal.
La cantidad reclamado en los juzgados asciende a más de 25.000 euros, tal y como anunció la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, el pasado 2 de abril de 2024, cuando indicó, asimismo, que el objetivo del actual Ejecutivo autonómico es completar la obligación legal de poner en conocimiento de la Fiscalía esta situación para que se practicasen las diligencias necesarias y se depurasen responsabilidades penales.
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