El PP lanza una ofensiva en el Senado contra el hermano de Sánchez y exige sus registros de entrada y salida de Moncloa

Las preguntas sobre una posible investigación fiscal surgieron en el Senado cuando el Partido Popular (PP) solicitó información sobre la actuación de la Agencia Tributaria respecto a un familiar del presidente del Gobierno, añadiendo interrogantes sobre la colaboración del propio presidente con la Justicia en relación a un supuesto testimonio falso del hermano de Pedro Sánchez. Estos planteamientos impulsaron la ofensiva parlamentaria más reciente de la bancada opositora, que reclama transparencia sobre la permanencia de David Sánchez, hermano del actual jefe del Ejecutivo, y de la esposa de este último, en el Palacio de la Moncloa entre los años 2021 y 2024.

Según informó el medio El Mundo, el PP oficializó una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en el Senado para obtener los registros de entradas y salidas tanto de David Sánchez como de la cuñada del presidente dentro de la sede del Gobierno. En un comunicado ante los medios, la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, anunció esta iniciativa calificando a la residencia oficial de La Moncloa de "refugio fiscal" e insistiendo en la necesidad de esclarecer si, tal como denuncian, el hermano del presidente habría "vivido con todos los gastos pagados" en ese complejo institucional.

El bloque parlamentario del PP detalló, según El Mundo, que el objetivo de su petición consiste en determinar la duración de la estancia de los citados familiares en el palacio presidencial y si estas estadías se vincularon a posibles beneficios fiscales o a una ausencia de cumplimiento tributario. Además, los senadores populares buscan conocer si existe alguna investigación fiscal en curso por parte de la Agencia Tributaria y en qué consisten los detalles de dicha posible pesquisa.

Entre los aspectos sobre los cuales demandan información figura la eventual reclamación por parte del Ejecutivo al hermano del presidente para la devolución de impuestos que, según las acusaciones del PP, "hurtó a todos los españoles". También piden conocer el costo total del alojamiento en Moncloa del familiar de Sánchez. De acuerdo con El Mundo, el PP incluyó en su ofensiva un cuestionamiento sobre si el propio Pedro Sánchez prestó colaboración a la Justicia al tener conocimiento de lo que denominan como un falso testimonio implicando a su hermano.

Durante una rueda de prensa, Alicia García utilizó expresiones como "Pedro Sánchez ha convertido la Moncloa en un todo incluido y en un refugio fiscal" e hizo referencia a la residencia presidencial como un "residente chollo para los okupas con un inquiokupa de lujo". Añadió: "Mientras Sánchez exige sacrificios a todos los españoles, él ofrece privilegios a los suyos. La corrupción no rodea a Sánchez, sino que la corrupción vive en la casa de Sánchez", según recogió El Mundo.

El medio indicó que estas manifestaciones públicas se integran en un contexto de tensión entre Gobierno y oposición, en el que el PP acentúa críticas sobre la gestión de recursos estatales y la transparencia respecto a los familiares del presidente en dependencias oficiales. En este marco, la solicitud del PP apunta a obtener documentación oficial para determinar la frecuencia y el tiempo de las visitas o residencias de los aludidos familiares, así como los posibles gastos asociados y el impacto fiscal correspondiente.

Según la publicación de El Mundo, los populares también han puesto el foco en la participación, o falta de la misma, del presidente en procesos judiciales relacionados con su entorno familiar, asociando dicha participación a prácticas de transparencia y ética pública. Este bloque de preguntas se suma a otras iniciativas similares lanzadas previamente por la formación opositora, que a través de su grupo en el Senado busca obtener respuestas oficiales y detalles administrativos que, consideran, son de interés para el control parlamentario y la revisión de la gestión pública.

La ofensiva del PP en la Cámara Alta, reportó El Mundo, representa un capítulo más en el enfrentamiento político por la fiscalización de la actividad privada y pública del entorno del presidente, en el contexto más amplio del debate sobre el uso de bienes y recursos estatales y la lucha contra posibles situaciones irregulares en las instituciones gubernamentales.