
Manos Limpias ha presentado este lunes una denuncia en el Tribunal Supremo (TS) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "incitar directa o indirectamente al odio" y a los desórdenes públicos por el "aval" que dio a las protestas contra Israel en el marco de La Vuelta ciclista a España, que en la última etapa derivaron en altercados obligando a cancelarla.
En su denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la organización solicita al alto tribunal que abra "diligencias penales" contra Sánchez y contra las exministras de Podemos Ione Belarra, actualmente diputada en el Congreso, e Irene Montero, eurodiputada, ambas aforadas.
Atribuye al jefe del Ejecutivo haber presuntamente promovido o incitado "directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia" contra el "grupo de ciclistas" que participaban en la competición ciclista bajo el equipo Israel-Premier Tech, así como haber incitado "a desórdenes públicos".
Manos Limpias alude a que Sánchez mostró horas antes del final de La Vuelta, "con rotundidad, con apasionamiento, y violentamente, una arenga de apoyo a los manifestantes que iban a reventar el final de la vuelta ciclista en la ciudad de Madrid".
"El denunciado sabía que esas manifestaciones en etapas anteriores habían sido violentas y que la manifestación en Madrid, por el amplio dispositivo policial, era de prever que alcanzara dimensiones incalculables, circunstancia esta, que así sucedió", asegura.
Y sostiene que "el apoyo del denunciado y de miembros de su gobierno, anunciando su participación en las protestas, dio alas, respaldo y aval para actuar violentamente".
OBJETIVO CONSEGUIDO
La organización lamenta que "en el grupo de las fuerzas de orden se produjeron más de 25 heridos" y hubo "dos únicas detenciones", añadiendo que se preveía que "se iban a producir esos graves desórdenes públicos".
Según Manos Limpias, el "objetivo" de cancelar el final de la competición "se consiguió" y Sánchez "contó con el apoyo presencial de varios ministros de su Gobierno y con las arengas para reventar el final de carrera de la diputada Ione Belarra y de la eurodiputada Irene Montero".
También considera que se ha podido producir un delito de atentados a la autoridad y sus agentes, así como el delito de desobediencia, además de apuntar a "daños económicos entre otros" a las empresas publicitarias que promocionan la competición, "así como a la propia imagen de España a nivel nacional e internacional".
En la misma línea, la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha anunciado que presentará una querella contra Pedro Sánchez y ministros de su Gobierno ante el Supremo para que "se depuren las responsabilidades legales correspondientes y se restablezca el respeto a la ley y a las instituciones".
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