El PP ha solicitado que la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, acuda al Congreso para exponer la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondiente al año pasado, pero en esta ocasión ha decidido no pedir la comparecencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que haga lo propio con la del Ministerio Público, dado que considera que debería haber dejado el cargo cuando empezó a ser investigado por una presunta revelación de secretos.
Los responsables de la Fiscalía General y del órgano de gobierno de los jueces Congreso suelen acudir a la Cámara Baja para dar detalles sobre estos documentos de sus respectivas instituciones y es habitual que el PP pida siempre la comparecencia de ambos.
En esta ocasión, según han explicado a Europa Press fuentes 'populares', sólo ha registrado sendas peticiones relativas a Perelló para que informe a la Comisión de Justicia tanto de la Memoria del CGPJ de 2024, como de la de 2023, que aún no ha sido explicada en sede parlamentaria.
De esta forma, el PP vuelve a dejar patente su descuerdo con la continuidad como máximo responsable de la Fiscalía de García Ortiz, a quien el pasado martes el Tribunal Supremo abrió juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y le impuso una fianza de 150.000 euros.
Cuatro días antes de que el magistrado Ángel Hurtado abriera juicio oral contra el fiscal general tuvo lugar el acto de Apertura del Año Judicial, un evento al que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, decidió no acudir en protesta por la presencia en el mismo de García Ortiz. Feijóo argumentó que consideraba "una provocación" que García Ortiz tomara la palabra ante los magistrados que deberán juzgarle.
El líder 'popular' explicó que fue a finales de julio cuando comunicó que "no procedía" su asistencia a la ceremonia. Tras insistir en su "absoluto respeto" hacia el Rey y el conjunto del Poder Judicial, incidió en que no quería "validar" la actuación del fiscal general, lo que provocó críticas por parte de los dos partidos que integran el Gobierno de coalición.
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