El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha propuesto a la Junta de Andalucía la elaboración de un "protocolo integral" de intervención en casos de violencia de género cuando existan menores implicados.
La sugerencia se formula a raíz del asesinato de Elisa y Larisa, las niñas de dos y cuatro años envenenadas con pesticida por su padre en marzo de 2024 en un cortijo de Alboloduy (Almería), tras lo que el hombre se suicidó.
En su resolución, consultada por Europa Press, Maeztu plantea que el nuevo protocolo incluya "medidas específicas de protección" para los hijos e hijas, además de las destinadas a las mujeres víctimas.
La propuesta se dirige a la Viceconsejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, y persigue que se coordinen todas las administraciones implicadas --Justicia, Fiscalía, entidades locales y organismos de la Junta-- para garantizar la "atención especializada y la seguridad" de los menores en contextos de violencia machista.
La investigación del Defensor revela que, aunque las instituciones actuaron conforme a la normativa vigente, "las medidas acordadas en protección de las víctimas, madre e hijas, no fueron detectados a tiempo ni quedaron plasmados en informes que pudieron dar lugar a que se adoptaran, de forma ágil, decisiones relevantes".
El caso partía de una denuncia de la madre por malos tratos, que llevó a imponer al padre una orden de alejamiento y la prohibición de contacto con sus hijas.
Inicialmente, la Fiscalía pidió que no hubiera régimen de visitas, pero meses después, en el procedimiento civil, los progenitores acordaron visitas supervisadas en un Punto de Encuentro Familiar.
Este sistema se abandonó al poco tiempo por dificultades de la madre para desplazarse, lo que derivó en contactos fuera de supervisión. El Defensor advierte que la vulnerabilidad de la madre --joven migrante, sin red de apoyo ni recursos económicos-- pudo influir en su aceptación de acuerdos que reducían las medidas de protección.
La resolución también recoge las conclusiones de la Fiscalía, que señala la necesidad de prestar especial atención a la información procedente de las diligencias penales y de los informes de Servicios Sociales para valorar el riesgo que podría suponer el régimen de visitas para los menores, incluso cuando haya acuerdos entre las partes.
Asimismo, recomienda que, si se establece un régimen de contacto, se garantice un seguimiento efectivo con coordinación entre Servicios Sociales, unidades policiales especializadas y el Servicio de Atención a Víctimas.
Maeztu subraya que no es imprescindible reformar la ley tras la última modificación de 2021, sino "asegurar la aplicación efectiva de la normativa" mediante protocolos claros, recursos suficientes y especialización de los puntos de encuentro en casos de violencia de género.
El crimen de Elisa y Larisa provocó una gran conmoción en Abla, localidad donde residía la madre con sus hijas, cuyo Ayuntamiento costeó el sepelio y garantizó apoyo a Alina, que pidió intimidad en el funeral celebrado el 20 de marzo de 2024. La autopsia confirmó que las niñas murieron sobre las 9,30 horas de aquel domingo por "intoxicación por pesticida".
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