Rato insiste en que es una víctima del 'caso Montoro': "Ni el ministro de Hacienda" puede acceder al "dato reservado"

El ex ministro de Economía y ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha pedido al juez que investiga el 'caso Montoro' que reconsidere su decisión de no permitirle formar parte de la causa en calidad de perjudicado, alegando que "ni el ministro de Hacienda" tiene habilitación legal para conocer datos reservados de los contribuyentes.

En un escrito de este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, Rato se dirige al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona para que corrija su decisión de no admitirle como acusación particular en la causa donde investiga los presuntos favores que se hicieron en el Ministerio de Hacienda bajo el mandato de Cristóbal Montoro a empresas que contrataron al despacho que fundó, Equipo Económico, llegando a conseguir incluso cambios legales para rebajas fiscales.

Recurre así el auto donde el instructor Rubén Rus descartó que hubiera delito en los correos electrónicos recibidos por Montoro en su etapa de ministro por miembros de su equipo con información sobre Rato y otras personalidades. El magistrado razonó que "el ministro está legitimado para conocer el contenido de los datos" que se le transmiten en materia fiscal.

El escrito de Rato detalla que los correos electrónicos hallados son mensajes remitidos por Felipe Martínez Rico, ex jefe de gabinete de Montoro, a éste, aunque "en una ocasión le rebota correo que aquel había recibido de Santiago Menéndez, por entonces, director general de la Agencia Tributaria", donde se informa de "datos reservados con trascendencia tributaria".

A este respecto, indica que el propio instructor "admite que los datos fiscales de los contribuyentes son datos reservados". "En consecuencia --añadimos ahora nosotros--, están protegidos, no sólo administrativamente, sino también penalmente", afirman los abogados del también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El recurso sostiene que "ni el ministro de Hacienda, ni su jefe de gabinete, tienen cobertura normativa habilitante para acceder al dato reservado, pues no están llamados a intervenir en el expediente tributario de un ciudadano singular, ni en fase de inspección, gestión o sanción". "En cuanto no llamados a intervenir, tienen vedado normativamente su posibilidad de acceso", asegura.

Al hilo explica que, "según es notorio", "el ministro de Hacienda no tiene competencia en materia de comprobación inspección, gestión o sanción tributaria". Aclara que "es el máximo responsable político", pero "no forma parte de ningún órgano técnico encargado de ningún procedimiento tributario concreto, como sí lo son los funcionarios competentes de la AEAT, custodios del secreto".

"No tiene facultad ni derecho a conocer en el ejercicio de sus competencias la identidad concreta del contribuyente, ni los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria sobre su perfil fiscal", resume.

Rato subraya que "este estricto marco de confidencialidad y sigilo es el lógico correlato de las exorbitantes competencias que ostenta la Administración Tributaria para investigar la conducta fiscal de los ciudadanos".

UNA ACTIVIDAD "PALMARIAMENTE DELICTIVA"

"En conclusión, la transmisión de información fiscal reservada al entonces ministro de Hacienda, vía Santiago Menéndez y Felipe Martínez Rico, a través de los correos obrantes en autos, es palmariamente delictiva", zanja.

Además, responde al otro argumento que dio el instructor para rechazar su personación, relativo a que las pesquisas se centran en los presuntos "pagos a la mercantil Equipo Económico con la finalidad de obtener modificaciones legislativas". Sobre esto, replica que, aunque la causa empezara por esos hechos, nada impide que se amplíe, incluso dando lugar a distintas líneas de investigación.

Con todo, pide al instructor que le permita acceder a la causa, aduciendo que ante unos "perfiles de relevancia penal tan nítidos, no puede cercenarse al ciudadano perjudicado y víctima su calidad procesal de acusación particular".