La senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, junto a Compromís, Mas Madrid, e Eivissa i Formentera al Senat, ha propuesto este jueves al resto de fuerzas "progresistas" del Senado una solicitud de creación de una comisión de investigación "sobre la actuación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por su presunta implicación en un entramado de corrupción institucional que habría beneficiado a empresas privadas a través del despacho Equipo Económico, fundado por él mismo, mientras ejercía funciones de gobierno".
Según ha explicado Geroa Bai en una nota, el texto de la iniciativa, que será registrada la próxima semana, señala que, "gracias a la instrucción judicial abierta en Tarragona, sabemos que mientras se exigían sacrificios a la mayoría social, determinadas empresas se beneficiaban de decisiones ministeriales y de ingeniería fiscal facilitada desde el propio despacho privado fundado por Montoro, Equipo Económico, vinculado con exaltos cargos del Ministerio, estructuras funcionarialmente infiltradas y operaciones trianguladas a través de paraísos fiscales".
Por ello, Barkos a través de esta iniciativa considera necesario "investigar y depurar responsabilidades políticas y administrativas por los hechos relatados" así como "conocer el funcionamiento del despacho Equipo Económico y sus vínculos con decisiones ministeriales".
De igual manera, la iniciativa promovida por Geroa Bai señala que es preciso "analizar los efectos de la amnistía fiscal de 2012 y la gestión política de los recursos públicos en ese periodo" e "impulsar una estrategia de prevención de la corrupción que fortalezca los controles internos, proteja al denunciante, garantice la independencia del Ministerio Fiscal, y promueva una cultura de integridad pública real".
Por todo ello, Geroa Bai, Compromís, Mas Madrid, e Eivissa i Formentera al Senat han propuesto al resto de fuerzas "progresistas" de la Cámara Alta solicitar la creación de una comisión de investigación en el Senado con el objeto de "investigar la actuación del señor Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, y sus vínculos con decisiones legislativas y administrativas presuntamente orientadas a beneficiar intereses privados concretos" así como "determinar la posible connivencia de estructuras funcionariales con redes privadas de asesoramiento fiscal opaco".
En esta misma línea, las formaciones promotoras de esta iniciativa buscan "analizar las consecuencias económicas, fiscales e institucionales de las decisiones adoptadas entre 2011 y 2018" y "exigir las responsabilidades políticas, administrativas o penales que pudieran derivarse".
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