Los Comunes han reclamado este martes al Gobierno que "por su evidente interés público" debe desclasificar la información reservada que exista sobre la supuesta relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos e investigado por supuestamente enriquecerse con una trama corrupta montada desde el Ministerio de Transportes.
El diputado de los Comunes y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha registrado una batería de preguntas al Gobierno sobre las condecoraciones, contactos institucionales y posible protección por parte de mandos policiales que habría recibido Koldo García, quien fue indultado por el Gobierno de José María Aznar y condecorado por el ministro Juan Ignacio Zoido poco antes de la caída del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Así, reclama al Ejecutivo de coalición que aporte transparencia sobre las informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación que sitúan a Koldo García como presunto colaborador de la Guardia Civil.
Las preguntas buscan aclarar qué responsabilidad pudieron tener altos mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la concesión de la Cruz Blanca de la Orden del Mérito a García en 2018, así como los méritos alegados para dicha distinción y las posibles comunicaciones oficiales o no oficiales mantenidas con el exasesor entre 2018 y 2023.
UN PROBLEMA DE CONFIANZA INSTITUCIONAL
El texto, recogido por Europa Press, subraya que la investigación judicial y los informes policiales apuntan a la existencia de una organización criminal que operó durante la pandemia obteniendo contratos públicos a cambio de mordidas millonarias, y advierte de la "penetración institucional" que habría alcanzado la trama "gracias a los vínculos de García con mandos policiales y militares, de los que el investigado ha hecho gala en diferentes entrevistas y publicaciones en redes sociales".
"La existencia de estos vínculos personales, simbólicos y orgánicos entre el que podría ser el principal corruptor de la trama y miembros de las FCSE genera un problema de confianza institucional y de legitimidad democrática, más aún cuando buena parte de esa información está protegida bajo la Ley de Secretos Oficiales, al tratarse de relaciones con miembros del servicio", ha declarado Pisarello.
El diputado de Sumar considera que la ciudadanía tiene derecho a saber "si hubo protección institucional encubierta y si se usaron canales oficiales para ocultar o tolerar actividades delictivas por parte de quien hoy es el epicentro de un escándalo político de primer orden".
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