
La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha manifestado este viernes que la Junta presentó "en su día" alegaciones a la Ley de Dependencia para que el Gobierno aporte el 50 por ciento de su financiación.
Precisamente el pasado martes día 15 el Consejo de Ministro aprobó el proyecto de ley para reformar la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, por lo que se inició la tramitación parlamentaria de esta reforma que tendrá que ser aprobada en el Congreso de los Diputados.
Al ser preguntada por esta tramitación, Isabel Blanco ha explicado que la principal alegación de la Administración autonómica reside en reivindicar al Ejecutivo central que aporte el 50 por ciento de la financiación de la Ley de Dependencia. "Llevamos muchos años pidiéndolo y la cantidad que aporta el Estado no llega a ese 50 por ciento", ha reiterado.
"Es más, para este año nos reducen la financiación", ha recalcado y ha puntualizado que, de este modo, desciende también la financiación del Gobierno central para los menores o para el Plan Corresponsables.
"Mientras a otras comunidades negocian una financiación singular, a Castilla y León le reduce ya partidas importantes y cantidades importantes para las personas más vulnerables, para las personas que más lo necesitan", ha incidido.
Además, ha recalcado que el "cupo separatista" en el que trabaja el Ejecutivo central "detrae recursos" de otras autonomías y "pone en peligro" la prestación de servicios ya que, según ha afirmado, supone reducir la financiación de algunos apartados. Al respecto, ha recordado que la Junta recurrirá ante el Tribunal Constitucional "lo que haya que recurrir".
Isabel Blanco se ha pronunciado de este modo en Astorga (León), durante su visita al centro social 'Las Cinco Llagas' de Cáritas Diocesana.
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