Junts exige explicaciones al Gobierno por adjudicar a una empresa china el almacenamiento de datos policiales sensibles

Junts ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno para que dé explicaciones sobre la adjudicación a la empresa Huawei de un contrato para el almacenamiento de datos policiales y judiciales sensibles.

Según las noticias aparecidas en diversos medios, la filial española de la compañía china habría recibido un contrato valorado en 12,3 millones de euros para gestionar servidores del sistema SITEL, encargado de almacenar las escuchas de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

SUJETO AL CONTROL DEL GOBIERNO CHINO

El diputado de Junts en el Congreso Josep Pagès alerta de que la decisión del Ministerio del Interior es "especialmente grave" si se confirma que el sistema adjudicado, OceanStor 6800 V5, puede estar sujeto a la legislación china, que obliga a las empresas del país a colaborar con las autoridades y a ceder información sensible si se les requiere.

En este contexto, el parlamentario independentista también recupera otra pregunta formulada recientemente sobre la relación del empresario Víctor de Aldama, imputado por el llamado 'fraude de los hidrocarburos', con la Guardia Civil.

Lo hace incidiendo en su supuesta colaboración con la Unidad Central Especial 2 del Servicio de Información de la Benemérita para obtener información mediante confidentes de esta compañía china y de otras, actividades por las que el empresario habría sido condecorado.

En conclusión, Pagès reclama al Gobierno que confirme la adjudicación de este contrato, si existen otros similares con la misma empresa china, si la decisión es compatible con las recomendaciones de la Unión Europea sobre proveedores de alto riesgo, cómo se explica que se le haya otorgado un papel clave en la custodia de grabaciones sensibles habida cuenta de las restricciones a Huawei, y cuál ha sido el papel de Aldama en todo ello.

CRÍTICAS DE PP Y VOX

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso Rafael Hernando ha pedido al Gobierno que anule de inmediato esta adjudicación, que considera un "disparate" y que se enmarcaría en los procesos habituales gestionados por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

"El asunto es muy grave. No es solo de Estados Unidos. También el Parlamento Europeo recomienda restricciones frente a Huawei", ha escrito en su cuenta de 'X' haciéndose eco de las informaciones que apuntan que autoridades estadounidenses han abogado por revisar los acuerdos de inteligencia con España tras tener conocimiento de este contrato.

"El Gobierno justificó gastar 2.300 millones de euros en Telefónica por su interés para la Seguridad Nacional, pero le quita el almacenamiento de las escuchas policiales y se lo da a una empresa tutelada por el Gobierno chino y paga 12,3 millones de euros", denunció el diputado 'popular' ya el pasado miércoles en un tuit en el que definió la operación como un "negocio sospechoso y negligente".

Este viernes también ha terciado en la polémica a través de 'X', el diputado de Vox Carlos Flores Juberías, quien ha resaltado las reticencias de Estados Unidos ante la "creciente cercanía entre el Gobierno Sánchez y la empresa china Huawei, a la que la legislación de su país obliga a ceder información de todo tipo al Gobierno chino" y ha concluido que "España está dejando de ser un socio fiable de los Estados Unidos" lo que va a "dañar severamente nuestra seguridad".