
La comisión de investigación sobre las infiltraciones policiales en movimientos sociales y políticos y el espionaje con el programario Pegasus a activistas y líderes independentistas ha aprobado este martes solicitar un centenar de comparecencias, tras la aprobación de los planes de trabajo de la comisión, con el voto favorable de Junts, ERC, Comuns y CUP, la abstención de PSC-Units y el voto en contra de Vox.
En relación con las supuestas infiltraciones, se prevé citar como testimonios a ministros y exministros de Interior y Defensa, exdelegados del Gobierno en Catalunya, responsables actuales y pasados de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como miembros de los Mossos d'Esquadra.
Se solicitará también la intervención en la comisión del fiscal y el exfiscal general del Estado, de presuntos policías infiltrados, de expertos y representantes de entidades de otros países que hayan sufrido infiltraciones; además de abogados y representantes de las personas y los colectivos afectados, que se prevé que lo puedan hacer por escrito.
Sobre el espionaje con Pegasus, se pedirá la comparecencia de de los expresidentes de la Generalitat Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès, así como de representantes de Junts, ERC, Comuns y CUP que habrían sido espiados.
También intervendrán abogados y expertos en derechos humanos y en seguridad tecnológica y miembros del Comité Pegasus del Parlamento Europeo que se constituyó en la anterior legislatura en la institución comunitaria.
En la sesión de este martes se han sustanciado ya las comparecencias del presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, del secretario nacional de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Antoni Maria Gavarró, la representante de Irídia, Cèlia Carbonell, y el portavoz de Alerta Solidària, Martí Majoral.
ÒMNIUM
Antich ha señalado que muchos de estos casos se han criticado desde instituciones como la ONU, que su organización ha pedido explicaciones, reparación y garantías de no repetición, y que "el Estado español no ha hecho nada", a la vez que se ha mostrado convencido que este tipo de acciones se mantienen a día de hoy.
"El Ministerio considera legítimo, adecuado y pertinente colocar a agentes encubiertos en estas organizaciones", ha criticado, y ha afeado lo que ha considerado un ataque a derechos fundamentales como la libertad de expresión, de pensamiento, de asociación o de reunión pacífica.
ANC
Por su parte, Gavarró ha sostenido que las actuaciones supuestamente cometidas se hicieron sin aval judicial y eran "incompatibles con los valores fundacionales de la Unión Europea", y ha calificado de mucho más graves las infiltraciones en movimientos independentistas que el espionaje con Pegasus.
"Es mucho más grave todavía, no solo por la intromisión total en la esfera privada del activista utilizado como canal informativo, sino que además abre la posibilidad de estimular y manipular al colectivo con acciones concretas que interesa presentar al poder como prueba para mantener las falsas acusaciones criminales de todo el movimiento", ha valorado.
ALERTA SOLIDÀRIA E IRÍDIA
Majoral ha sostenido que se han hecho actuaciones sin tutela judicial, que no se ha respetado el principio de proporcionalidad y que se ha intentado "matar moscas a cañonazos" ante un movimiento, el independentista, que ha considerado que no ha tenido actuaciones violentas que se puedan considerar terroristas, sino que ha habido tergiversación sobre sus movilizaciones.
Finalmente, Carbonell ha considerado las infiltraciones una vulneración grave de derechos fundamentales y un ataque a la democracia, y ha constatado la "desprotección en la que se encuentran las personas y los movimientos afectados, sin vías ni garantías para denunciar y reparar el daño causado por la negativa del Estado de asumir responsabilidad alguna".
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