Las asociaciones convocantes cifran en un 70% el seguimiento a la segunda jornada de huelga de jueces y fiscales

Las asociaciones de jueces y fiscales que han convocado tres días de huelga --1, 2 y 3 de julio-- contra las reformas anunciadas por el Gobierno del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía, al considerar que suponen un ataque al Estado de Derecho, han cifrado el seguimiento durante esta segunda jornada, hasta las 12.00 horas, en un 70%.

Así lo han anunciado en un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) --todas menos Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)--, advirtiendo de que se trata de un dato con "carácter provisional".

Las convocantes inciden en que "esta estimación se fundamenta en los correos electrónicos voluntarios y confidenciales recibidos de compañeros y compañeras que han comunicado su decisión de secundar la huelga".

También han reiterado que lamentan "profundamente" que, "por parte del Ministerio de Justicia, no se haya adoptado ninguna medida para evitar esta situación ni se haya dado respuesta a las reivindicaciones planteadas".

No obstante, confían en que, "gracias a la planificación de los servicios mínimos esenciales" establecidos por el propio comité de huelga, "el impacto directo sobre la ciudadanía haya sido limitado, garantizando en todo momento la atención urgente e inaplazable".

Durante la primera jornada, basándose en esas mismas comunicaciones voluntarias de los huelguistas a la dirección de correo electrónico habilitada por el comité, las asociaciones cifraron el seguimiento en un 75%, si bien Justicia lo ha rebajado al 28%.

Las asociaciones protestan contra las reformas del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía al entender que atentan contra la independencia judicial y, por ende, contra el Estado de Derecho, algo que el departamento que dirige Félix Bolaños niega, al tiempo que insiste en que los cambios son "imprescindibles" para modernizar la administración de justicia.