Facua Andalucía ha presentado una denuncia ante el Servicio de Planificación y Proyectos de la Junta de Andalucía por los "continuos" cortes de suministro eléctrico que se vienen registrando en "numerosas zonas" del territorio andaluz. Además, subraya que las interrupciones en el suministro no solo generan incomodidades, sino que suponen un grave riesgo para la salud pública.
Según destaca la entidad en una nota, en Sevilla capital, estos cortes afectan gravemente a barrios enteros como Polígono Sur, Torreblanca o Palmete, así como a otras zonas como El Cerezo, Bellavista, San Jerónimo o la Avenida de la Cruz Roja. Esta situación, "que se viene sucediendo desde años atrás, incrementa cada verano con la llegada de las altas temperaturas, comprometiendo la salud y seguridad de los vecinos, especialmente de personas mayores, con movilidad reducida o que dependen de dispositivos médicos eléctricos".
Además, ha sugerido que el problema no es exclusivo de la capital hispalense ya que, como apunta, se han registrado incidencias en municipios sevillanos como Villaverde del Río, Marchena, Tocina o El Palmar de Troya, así como en las Entidades Locales Autónomas (Elas) de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde se producen apagones "casi a diario".
La organización también se ha referido a la situación en Granada, donde los cortes afectan "especialmente" a la zona norte y al centro de la ciudad, "según han denunciado vecinos, representantes políticos y el propio Defensor de la Ciudadanía".
Asimismo, la federación ha recordado que las empresas distribuidoras están "legalmente obligadas" a garantizar un suministro eléctrico continuo y de calidad, "tal y como establecen el Real Decreto 1955/2000 y la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico".
También en el comunicado, se ha criticado la "falta de transparencia" en relación a la auditoría realizada en 2023, cuyos resultados, "no han sido difundidos ni han servido para implementar medidas efectivas".
Por todo ello, Facua Andalucía ha solicitado a la Administración información detallada sobre el origen de las incidencias, las actuaciones previstas para resolverlas y el acceso a las conclusiones de dicha auditoría, invocando el derecho de acceso a la información pública "reconocido en la ley de Transparencia Pública de Andalucía".
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