
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha solicitado una reunión de carácter urgente con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, después de la huelga convocada desde este martes por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales contra las reformas del Gobierno en materia de Justicia, reiterando de nuevo su falta de apoyo al paro de tres días.
"Anunciamos formalmente que una vez que termine la huelga vamos a solicitar una reunión urgente con el Ministro de Justicia, a los efectos de poder transmitirle directamente todas nuestras posiciones", ha trasladado la asociación en un comunicado, recogido por Europa Press.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos dos --Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y UPF--, han arrancado hoy una huelga de tres días --1, 2 y 3 de julio-- contra las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía, al considerar que suponen un ataque a la independencia judicial y, por ende, al Estado de Derecho, si bien Bolaños, descarta dar marcha atrás asegurando que son "imprescindibles" para modernizar la Justicia.
ASPECTOS "IMPRESCINDIBLES"
Ante ello, la UPF ha reiterado que no apoya la huelga porque considera que las reformas legales proyectadas no ponen en riesgo el Estado de Derecho, ni afectan a la independencia de jueces y fiscales. Asimismo, ha señalado que retirar totalmente los dos textos prelegislativos, tal y como reclaman los convocantes, implica "decir no" a varias cuestiones como el "blindaje legal de las becas para preparar oposiciones" o "que se cree un centro público de preparación de oposiciones al que puedan acceder personas de todas las rentas y de todos los rincones de España", lo cual "no restringe la libertad de cada persona de elegir al preparador que quiera".
Además de, en su opinión, "decir no" a "asumir la investigación penal", a "que se prohíba la financiación privada a las asociaciones fiscales", o a "una modificación del examen de acceso que hoy por hoy sólo valora las habilidades memorísticas". "¿Por qué genera tanta desconfianza la introducción de un supuesto práctico si el tribunal evaluador tiene plena autonomía y el Gobierno no participa en su nombramiento?, ¿por qué se dice que se puede filtrar ese examen si eso nunca ha acontecido con el tipo test después de más de veinte años?", ha cuestionado.
Aspectos que la UPF ha calificado como "imprescindibles" y a los que "no va a decir que no". Finalmente, ha añadido también que no apoya la huelga porque, a su juicio, la justicia "ansía reformas estructurales" puesto que "los medios materiales y personales son ridículos"; y porque apoyarla implica "transmitir desde la propia carrera un mensaje de desconfianza a la sociedad en relació a la capacidad profesional e institucional de la fiscalía para asumir la investigación penal".
"La ciudadanía debe saber que no podemos ni queremos colaborar en un debate tóxico y viciado donde se deslegitima de antemano a las posiciones partidarias de la negociación y del diálogo. La sociedad debe saber que lo que se está debatiendo no es una ley que afecta a un gobierno concreto o a un FGE concreto sino a un nuevo modelo de proceso penal que nos debería servir para 2-3 generaciones, es decir, para los próximos 50 años. ¿No merece la pena un esfuerzo de encuentro y diálogo entre todos para establecer todas las mejoras que sean necesarias?", ha expresado.
Con ello, la asociación ha recordado que lo expuesto no significa que considere adecuados todos los extremos de los proyectos legislativos, y ha solicitado que los Grupos Parlamentarios "interesen la convocatoria de todas las asociaciones de jueces y fiscales a efectos de que seamos todas oídos donde debe serlo, en el órgano depositario de la soberanía nacional". "En el trámite legislativo urgente, la posibilidad de escuchar en comisión a grupos o asociaciones no está expresamente prevista como obligatoria, por ello puede hacerse si así lo decide la comisión o la Mesa correspondiente".
"UPF asume a todos los efectos una posición que, frente a la opción de disputa disruptiva cortoplacista, ofrecerá siempre una apuesta por el diálogo institucional y parlamentario con el objetivo de, entre todos, sin vencedores ni vencidos, construir el modelo de justicia independiente, moderno, eficiente y eficaz que la sociedad española merece y exige", ha concluido.
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