El juez de la AN oye este lunes al inspector Bonifacio Díaz como investigado por el presunto espionaje a Podemos

El juez Santiago Pedraz, que investiga en la Audiencia Nacional el presunto espionaje a Podemos, ha llamado al inspector de la Policía Nacional Bonifacio Díaz para que declare este lunes como investigado.

Asimismo, el instructor ha convocado para este jueves a un agente que hizo consultas sobre el exlíder 'morado' Pablo Iglesias a raíz de una información en la que se involucraba presuntamente a un exdirigente del partido, Miguel Urbán, en una transacción de droga.

Pedraz los ha citado en el marco de la causa en la que indaga en las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre varios cargos de la formación política.

El instructor acordó llamar al inspector de la Policía como investigado a petición de Podemos, a lo que la Fiscalía se mostró a favor después de escucharle declarar como testigo.

Y al agente, también investigado, lo citó para "valorar si está justificado pedir información" de Iglesias "por el hecho que otra persona del mismo partido", el exeurodiputado Urbán, "estuviera investigada por una presunta transacción de sustancia estupefaciente".

INVESTIGACIONES SIN INTERÉS POLICIAL

El juez admitió la querella que presentó Podemos por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos en los hechos relatados.

En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados --bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez-- "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".

La formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.

El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.