El PSOE, tras la orden de la jueza a la UCO de investigar a la pareja de Ayuso: "Todo se acabará sabiendo"

El PSOE ha asegurado que "todo se acabará sabiendo" después de que la jueza Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, haya encomendado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que investigue los hechos del caso que ha llevado a los tribunales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Se forraron en lo peor de la pandemia y ahora viven como reyes en áticos millonarios. Todo se acabará sabiendo", ha escrito el partido en sus redes sociales tras conocerse el auto sobre la pieza separada que aborda un presunto delito de corrupción en los negocios y administración desleal, fechado este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press. La jueza da cinco días para interponer recurso de apelación.

La Fiscalía pedía la participación de la UCO "atendiendo a la complejidad y el carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva". En el auto se indica, en base a las comprobaciones de la Agencia Tributaria, que la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio, de la que González Amador es socio y administrador único, en los años 2020 y 2021 "registró un incremento de sus ingresos por la intermediación en una operación de venta de material sanitario y por la percepción de cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente, Quirón Prevención SL".

En el apartado de fundamentos de derecho, el auto recoge que el 4 de diciembre de 2020, Maxwell compró por casi medio millón de euros la sociedad Círculo de Belleza SL a la esposa de un alto directivo de Quirón Prevención, "la cual carecía de valor". En septiembre de ese año la mujer, con un 60% de las participaciones, había comprado el 40% restante a su marido y a su hermano por 8.000 euros para cada uno de ellos, esto es, según el auto, la venta de la sociedad se produjo "por un precio considerablemente inferior ya que en tres meses el valor de la participación tuvo un incremento superior al 1000%".

De las declaraciones de los investigados, el fiscal argumentó que se desprendía que González Amador "no pagó casi medio millón de euros (a la esposa del alto directivo) porque iba a obtener algo de una sociedad que carecía de actividad, medios personales y materiales existiendo indicios de que esta operación se llevó a cabo para retribuir la intermediación entre FCS y MAPE o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención".

En concreto, en el año 2020 Maxwell percibió 1,9 millones de euros --consta una factura del 5 de mayo por 834.320 euros y otra del 5 de agosto por 1,1 millones-- en concepto de 'comercialización clientes' por la intermediación en la venta por FCS Select Products SL de material de protección sanitaria a la mercantil MAPE Asesores SA.