Acepta seis meses uno de los tres acusados de incitar el odio a gitanos por acusarles de propagar el Covid en Santoña

Uno de los tres acusados de incitar al odio hacia el colectivo gitano durante el confinamiento en Santoña -al culpar a personas de esta etnia de la propagación del Covid en la localidad- ha reconocido las manifestaciones que hizo en redes sociales en el juicio por estos hechos, en el que ha aceptado seis meses de prisión y 180 euros de multa, frente a los tres años y 3.960 euros que pedía el fiscal para él y que mantiene para los otros dos procesados, aplicando a todos la atenuante de dilaciones indebidas.

El acuerdo se ha materializado este martes en la vista oral, celebrada en la Audiencia Provincial de Cantabria con conformidad para el primer implicado. Mientras, el segundo ha negado ser autor de comentarios y audios objeto de este procedimiento: "No era mi voz".

A preguntas de su abogado, ha apuntado que se limitó a publicar en su perfil de una red social enlaces a noticias sobre integrantes del pueblo gitano que se estarían "saltando" el confinamiento. "Yo no soy racista. Tengo amigos gitanos, cuatro en Facebook", del total de "treinta seguidores" que tenía entonces, ha zanjado. "Yo también tengo derechos fundamentales, los mismos que los gitanos", ha remachado durante el ejercicio de su derecho a la última palabra.

Y es que ha denunciado que se han vulnerado derechos suyos, como el de la defensa -pensaba que le interrogaban por compartir 'fake news', ha dicho-, al igual que ha hecho el tercer encausado, que también ha respondido solo a cuestiones de su letrado. Según ha indicado este último, cuando en 2023 le tomaron declaración por lo ocurrido -en marzo de 2020- "no" le informaron de que la instrucción había terminado un año antes sin que se hubiera prorrogado, punto en el que su representante ha solicitado la nulidad de las actuaciones al considerar que dicha diligencia se practicó "en tierra de nadie" y "no tiene ningún valor".

Sobre este y otros extremos planteados en el trámite de cuestiones previas --como la nulidad interesada por el abogado del segundo involucrado, al que se habría "entrevistado" pero no informado de que se le interrogaba en calidad de investigado ni tampoco de sus derechos-- la Sala de la Sección Tercera de la AP se pronunciará cuando dicte sentencia, tras un "estudio sosegado" de estas propuestas.

El tribunal sí ha admitido a trámite una prueba aportada por esta parte para acreditar el trastorno psicológico de su cliente derivado del Covid-19 y los hechos juzgados, apreciando una atenuante por su estado de ansiedad "notorio". "Esa ansiedad me la produjo el Estado y los medios de comunicado", ha manifestado el implicado, que ha destacado que se ofreció como voluntario a diferentes instituciones y entidades "en mitad de la pandemia para ayudar a todo el mundo".

La situación de estrés y pánico también ha sido invocada por la otra defensa para que su cliente sea eximido de cualquier responsabilidad. Y es que estos dos abogados piden la absolución de sus patrocinados, por nulidad de las actuaciones o por falta de prueba de cargo suficiente como para condenar por un delito de odio.

Además, interesan que las dilaciones indebidas se consideren muy cualificadas -en vez de simples- y que se aplique también la atenuante de reparación del daño, pues han consignado los 5.000 euros de indemnización solicitados para cada uno por el ministerio público para la reparación del daño, a destinar a la asociación Gitanos de Santoña para la Promoción, Desarrollo e Inclusión Social.

La acusación particular, ejercida por el Secretariado Gitano, se ha adherido a las peticiones del fiscal, y que conlleva también la inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, docente y de tiempo libre durante cuatro años (dos años para el hombre que ha reconocido sus manifestaciones y por las que poco tiempo después pidió perdón, y que tiene que abonar 1.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Además, su letrada ha interesado la suspensión de la pena de prisión y el aplazamiento del pago).

Con anterioridad a la vista, esta entidad solicitaba que cada uno indemnizara con 10.000 euros a organizaciones públicas y privadas sin ánimo de lucro que tengan por objeto la defensa de los derechos y la lucha contra la discriminación de las personas gitanas.

WHATSAPP, FACEBOOK Y TWITTER

Según apunta la Fiscalía en su escrito, uno de los acusados envió a finales de marzo de 2020 a un grupo de Whatsapp, denominado 'Por España' y formado por una docena de personas un audio que se hizo viral, llegando a "multitud" de vecinos de Santoña. En él realizaba manifestaciones "ofensivas" hacia el pueblo gitano, en las que señalaba que "los tengan dentro de las murallas, que canten y bailen allí como en un campo de concentración hasta que se mueran todos".

Añade el ministerio público que otro de los procesados, en las mismas fechas y con idéntico ánimo de "lesionar la dignidad" de este colectivo e "incitar y promover al odio y discriminación" de sus integrantes, publicó en su perfil de Facebook manifestaciones en las que señalaba que "la Policía se va a ver obligada a disparar a los gitanos que andan descontrolados por Santoña o nos van a matar a todos; yo creo que todos entenderemos que se empleen a fondo".

Y el tercero publicó en Twitter que el contagio en Santoña de un clan de etnia gitana dejaba cinco fallecidos y que pedía ayuda el alcalde --entonces Sergio Abascal (PSOE) y que en un primer momento fue denunciado por sus manifestaciones-. Ante esto, el acusado afirmaba: "Aquí tienes tu ayuda, alcalde" y, a continuación, publicaba una fotografía de un bote de gas "similar" a los utilizados para el exterminio de las personas judías.

ODIO Y RACISMO

El fiscal del caso, Jesús Arteaga -jefe del ministerio público en Cantabria y encargado de los delitos de odio- cree que los tres procesados eran "conscientes de que sus mensajes se incorporaban a redes telemáticas con vocación de perpetuidad, careciendo desde ese momento del control sobre su zigzagueante difusión", habida cuenta de que una vez llegaban a sus destinatarios, "podían multiplicar su impacto mediante sucesivos y renovados actos de transmisión".

Practicada toda la prueba, ha considerado que las declaraciones que ha hecho en el plenario uno de los enjuiciados, que ha explicado que su intención era "reprimir comportamientos" al entender que habían "fallado" las instituciones, "casa mucho con lo que publicó en Facebook", y cuya procedencia y autoría fueron identificadas "debidamente".

A ojos de la acusación pública, el odio "se trasluce" en los comentarios hechos, que se "descalifican por sí mismos", son de índole "racista" y persiguen "humillar y provocar y buscar la alarma social y una persecución social", más en medio de aquel contexto: "Todos vivimos la maldita pandemia", ha expresado.

Al hilo, la abogada del Secretariado Gitano ha considerado que un momento de "crispación social" por el Covid y el confinamiento los mensajes difundidos y enjuiciados tenían "potencialidad suficiente para haber desencadenado acciones violentas", y no cree que "en modo alguno" se puedan enmarcar dentro del ejercicio de libertad de expresión, sino que la "intención" era "culpar falsamente" a este colectivo de la expansión del virus.

Finalmente, en cuanto a las defensas, una ha admitido los "desafortunados" comentarios de su patrocinado, por los que pidió disculpas públicas, actuaciones "impropias" que ha achacado al "caldo de cultivo" generado por políticos y medios de comunicación. Otro letrado ha apuntado que los hallazgos que incriminan a su cliente han sido "casuales o accidentales", tras un "supuesto reconocimiento" de la autoría con una "absoluta vulneración" de derechos fundamentales. Y el tercero ha insistido en las diligencias practicadas fuera de plazo: "Estábamos en el limbo, en el purgatorio".