Madrid, 2 jun (EFE).- La exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas (Ecuador) Mercedes Leonor Villarreal se ha negado en la Audiencia Nacional a ser extraditada a su país, que la reclama por supuesta corrupción, y ha dicho que sufre "persecución política" por negarse a favorecer al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
La Audiencia Nacional ha comenzado este lunes la vista de la extradición pedida por Ecuador, que reclama a Mercedes Leonor Villarreal para ser juzgada en el llamado caso Purga, por supuesta corrupción judicial al usar presuntamente su cargo para archivar procedimientos y cambiar a jueces por otros favorables a una trama que supuestamente integraba.
Mercedes Leonor Villarreal ha asegurado que le "aterra" pensar que pueda ser entregada a su país porque estima que corre peligro y ha dicho que es víctima de una "persecución política".
"Había intereses personales del actual presidente pues allí se manejan juicios de su exesposa y entonces comenzaron a presionar para que los jueces dictaminaran a favor de él y yo no estuve de acuerdo con esto", ha relatado.
Y ha añadido: "Luego comenzaron a amenazarme y tuve que cambiar de coche pues ya habían detectado que estaba siendo perseguida".
Mercedes Leonor Villarreal ha destacado que cuando ya dejó de ser funcionaria el 29 de febrero de 2024 quisieron atentar contra su vida en su casa: "Había una camioneta sin placa y una moto con dos personas, de las cuales hay fotos, lo denuncié a la Fiscalía pero nunca investigó esto".
Ha dicho que previamente cuando aún ocupaba su cargo fue objeto de amenazas "a raíz de haber sancionado a jueces que se lo merecían y de informar al Pleno del Consejo de la Judicatura de que habían obrado mal".
"Pero como esta gente estaba metida en la mafia, realmente eran ellos los mafiosos, lo que hicieron fue tirarme la basura a mí para perseguirme", ha manifestado.
La reclamada se encuentra en libertad con medidas cautelares desde su detención en julio de 2024 en Lleida a donde llegó tras abandonar Ecuador con destino a Países Bajos, según informó la Policía ecuatoriana a raíz de su arresto.
Según la solicitud de las autoridades ecuatorianas, la mujer formaba parte de un grupo de delincuencia organizada investigado en el llamado caso Purga y, aprovechando su cargo, cambió a los miembros de la Sala de la Corte Provincial para poner en su lugar a otros afines a su grupo delictivo, y ello al objeto de obtener sentencias favorables a los líderes de la organización criminal.
Por medio del tráfico de influencias y cohechos, el grupo criminal obtuvo un beneficio económico de alrededor de 4 millones de dólares, de acuerdo con los datos aportados por las autoridades ecuatorianas.
El grupo delictivo se creó a raíz de la elección del exasambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, condenado recientemente junto a varios jueces, entre ellos la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas Fabiola Gallardo, a 13 años de cárcel por el caso Purga, una trama de corrupción judicial dentro de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, cuya capital es Guayaquil.
En esta trama, el papel de la reclamada, giró en torno, entre otros aspectos, a facilitar la separación de un juez "por no querer alinearse a las pretensiones del líder del grupo delictual" y a la eliminación de sumarios administrativos en contra de la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, según consta en el expediente de extradición recogido por el escrito de la Fiscalía.
"Me han destrozado la vida, no he cometido ningún delito, jamás he recibido ni un centavo, no pertenezco a ninguna mafia, soy una mujer decente y no logro entender tanta maldad que me han hecho", ha dicho Mercedes Leonor Villarreal, que ha añadido que nunca ha pertenecido a ningún partido.
La vista ha sido aplazada a la espera de que Ecuador envíe documentación reclamada por la Audiencia Nacional a petición de la defensa. EFE
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