Un año de la amnistía, a la espera del TC y con el futuro de Puigdemont en el aire

Rafael Martínez y Rossi García Ávila.

Madrid/Barcelona, 30 may (EFE).- La ley de amnistía cumple un año con muchos de sus objetivos políticos aún en la casilla de salida, dado que los principales líderes independentistas, como el expresident Carles Puigdemont, se han quedado -por el momento- fuera de la misma, a la espera de lo que resuelva en breve el Tribunal Constitucional.

Porque todas las miradas están puestas en la corte de garantías que ya ha puesto en marcha el reloj para resolver el recurso del PP, que marcará la línea a seguir al resto de los treinta que se están tramitando simultáneamente en el tribunal, entre ellos, 16 autonómicos, 6 cuestiones de inconstitucionalidad y 9 amparos.

El del PP es el denominado "recurso de cabecera" por ser el que plantea más objeciones a la ley, pese a que fue posterior a otros, por ejemplo a la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, ponente del recurso, entregará la próxima semana el borrador de sentencia al resto de miembros del tribunal.

Después, en el pleno del 10 de junio, Montalbán expondrá su borrador y ya el día 24 darán comienzo las deliberaciones e intervenciones para cerrar la cuestión, que pueden prolongarse varios días, previsiblemente hasta el 26 de junio.

Ahora bien, por el camino el tribunal deberá hacer frente a otras cuestiones periféricas y afrontar los últimos obstáculos antes de llegar al ansiado pleno del día 24.

Entre ellas, el PP y el Senado ha pedido la suspensión de la tramitación del recurso de inconstitucionalidad hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales presentadas por otros tribunales.

Y también la petición de los populares al presidente Cándido Conde-Pumpido, para que se abstenga del debate de su recurso contra la ley de amnistía porque su esposa, la magistrada Clara Martínez de Careaga, participó en un informe del CGPJ sobre esta norma.

Las fuentes consultadas aseguran que ambos escenarios tienen escasas opciones de prosperar porque se ven como maniobras dilatorias para entorpecer la resolución del fallo del recurso del PP.

Este recurso resolverá únicamente si la norma es o no constitucional pero no entrará en el ámbito de su aplicación, es decir, no abordará los casos concretos de Puigdemont, Junqueras y el resto de líderes independentistas a quienes no se les ha aplicado la amnistía por el delito de malversación.

Por tanto, el Supremo, a priori, nada tiene que hacer una vez falle la corte de garantías, porque estos casos no están afectados por la constitucionalidad de la norma sino por su aplicabilidad al caso en concreto, según explican otras fuentes jurídicas a EFE.

Dicho de otro modo, hay que esperar a los recursos de amparo. Y, aquí el calendario es menos claro. Desde el TC explican que hay que ir paso a paso y no se atreven a aventurar fechas para tratar los recursos de Puigdemont, Junqueras y de varios exconsellers.

Es más, ni siquiera el caso de Puigdemont ha llegado al TC puesto que aun tiene pendiente de resolver un incidente de nulidad en el Supremo, que será rechazado, para poder ya sí acudir al Constitucional de inmediato. Se puede dar la circunstancia de que el expresidente recurra en amparo cuando ya se conozca el fallo de la corte de garantías sobre la amnistía.

Además, apuntan fuentes jurídicas, aunque el TC decida que el delito de malversación es amnistiable, el Supremo podría plantear una cuestión prejudicial sobre la ley a la justicia europea, que suele tardar una media de año y medio en resolver.

Son principalmente todos los recursos de casación que el alto tribunal congeló a la espera del fallo del Constitucional, y que están relacionados, en su mayoría, a sentencias por desobediencia.

Eso sí, para resolverlos, el Supremo esperará a que el tribunal se pronuncie sobre la cuestión de inconstitucionalidad, es decir, no se verían afectados por el recurso del PP, aunque otras fuentes afirman que hay que ver antes qué ocurre con el recurso de los 'populares'.

Es el caso de la exconsellera Meritxell Serret, condenada a un año de inhabilitación; y también de cuatro miembros de la Mesa del Parlament de 2017: Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, sentenciados a cuatro meses de inhabilitación.

También el del exconseller Roger Torrent y los miembros independentistas de la Mesa que presidió en el Parlament, absueltos tras ser acusados de desobedecer al Constitucional al tramitar resoluciones soberanistas y de reprobacion a la Monarquía.

También la justicia europea debe pronunciarse sobre la amnistía, a raíz de las cuestiones prejudiciales que varios jueces y tribunales han elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que resuelva si el perdón de los delitos de malversación y terrorismo tienen encaje en la legislación comunitaria.

El Tribunal de Cuentas fue el primero en elevar sus dudas al TJUE, lo que dejó en suspenso el procedimiento contable sobre los gastos del 'procés'. Le siguió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que frenó la amnistía de los excargos de ERC artífices del referéndum, entre ellos el presidente del grupo en el Parlament Josep María Jove, por las dudas sobre la malversación.

También está en el tejado de la justicia europea el olvido penal de los delitos de terrorismo, después de que la Audiencia Nacional planteara una cuestión prejudicial sobre el caso de los CDR acusados de planear acciones violentas contra edificios públicos.

Sí se han visto beneficiados por la ley los manifestantes encausados por los disturbios del 'procés' y los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional investigados por las cargas del referéndum: las cifras que manejan entidades independentistas como Ómnium o Alerta Solidària se mueven entre los 170 activistas y los 150 agentes. EFE