Se suspenden las declaraciones de exaltos cargos de Madrid por los fallecidos en residencias durante el Covid

Las declaraciones en el juzgado de los dos exaltos cargos y del exasesor del Gobierno de la Comunidad de Madrid que habían sido citados como investigados por lo ocurrido en las residencias de mayores de la región durante la primera ola de Covid-19 han sido suspendidas debido a que no les habían dado traslado de las actuaciones, según han explicado los abogados de la acusación en declaraciones a los medios, que han añadido también que el auto de citación había sido expedido el 1 de abril.

Los tres citados este lunes eran Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño. Este último ha sido el único que ha hecho declaraciones a los medios: "En la España de hoy, las víctimas y los acusados estamos en el mismo sitio, un poco confundidos", ha expresado, sin especificar a qué se refería.

Carlos Mur, citado como investigado, era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del Covid-19.

Javier Martínez Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.

Antonio Burgueño era asesor sanitario del Gobierno regional y participó en la gestión de la situación durante las primeras semanas de marzo, ya que fue el autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional.

Tras la suspensión de la declaración, los tres abogados que representan a los familiares de víctimas han mostrado su sorpresa por el aplazamiento. "Estaban citados por auto de 1 de abril. Sin embargo, han planteado una suspensión y han alegado que no se habían dado traslado de las actuaciones. Nosotros tenemos que decir que a nosotros sí nos han dado traslado, las teníamos desde hace tiempo, así que vamos a seguir presentando medios de prueba", ha explicado uno de ellos, Eduardo Ranz, a lo que Alejandra Jacinto, también abogada y exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, ha añadido que consideran que "es una estrategia y una maniobra dilatoria".

"Lo que queremos poner encima de la mesa es la posible comisión de un ilícito penal del 511 del Código Penal, un delito de discriminación en la prestación de asistencia sanitaria porque a los residentes se les impidió ser trasladados a los hospitales públicos y a los hospitales privados, pero también se les impidió morir dignamente en unas residencias que tenían que haber sido medicalizadas. Vamos a acompañar a los familiares de víctimas y a las asociaciones hasta que dilucide la verdad y se haga justicia", ha defendido Jacinto.

Por su parte, Castillo ha pedido que se haga "justicia" y que declaren "más pronto que tarde". "Esto ha sido una suspensión, pero, igual que han estado las familiares de las víctimas cinco años luchando, lo van a seguir haciendo".

CONCENTRACIÓN A LAS PUERTAS DEL JUZGADO

Decenas de personas convocadas por las asociaciones 7.291: Verdad y Justicia y Marea de Residencias se han concentrado este lunes frente a los juzgados de plaza Castilla para pedir "justicia por las víctimas en residencias de mayores durante la primera ola de Covid-19" coincidiendo con la citación de tres exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid en aquella época.

Los manifestantes han desplegado una gran pancarta con la cifra 7.291, en referencia a los fallecidos en residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia Covid-19 sin derivación hospitalaria, según informó el Gobierno regional en 2020. Una cifra que, en marzo de 2025, rebajaron a 4.100.

Vestidos con camisetas, paraguas y gorras de las asociaciones, han realizado varios cánticos mencionando la citada cifra y han exigido "justicia para las víctimas", cuando se cumplen cinco años de lo ocurrido.

La portavoz de 7.291: Verdad y Justicia Maite Rodríguez, que perdió a su madre en una residencia durante la primera ola de Covid-19, ha celebrado que la declaración "es un primer paso", aunque "ha costado cinco años".

"La Comunidad de Madrid, en lugar de reconocer los hechos y asumir responsabilidades, se ha dedicado a insultar a las familias de las víctimas, a intentar restar nuestra credibilidad y a referirse a nuestro dolor y a nuestros muertos como esas mierdas", ha espetado Rodríguez, y ha añadido que "lo único que hacen es atacar, insultar y desacreditar".

Preguntada sobre la declaración de los tres exaltos cargos, que finalmente ha sido suspendido, Rodríguez ha deseado que "digan la verdad". "Me parece que, si tuvieran un mínimo de dignidad, dirían claramente quiénes estaban y quiénes dieron el visto bueno en esas reuniones donde se tomaron las decisiones de hacer los protocolos, de publicarlos y de llevarlos hasta sus máximas consecuencias", ha expresado.

REAPERTURA DEL CASO POR DENUNCIA COLECTIVA

El origen de la reapertura de la causa, que había sido archivada hace casi tres años, está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

Durante los últimos meses, varios familiares de fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid en la primera ola de Covid-19 han acudido a declarar ante la Fiscalía para relatar lo ocurrido.