JJpD defiende la reforma del acceso a la carrera tras críticas del resto de asociaciones judiciales: "Contiene avances"

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha defendido este lunes la reforma que pretende cambiar el acceso a las carreras judicial y fiscal, ante las críticas del resto de asociaciones judiciales y fiscales --salvo la también progresista UPF-- a la iniciativa impulsada por el Gobierno. "El proyecto de ley contiene avances de calado", ha recalcado.

En un comunicado, recogido por Europa Press, afea a las "otras asociaciones judiciales y fiscales" que hayan emitido un pronunciamiento conjunto sin contar con su postura. "Lamentamos profundamente que el comunicado de otras asociaciones judiciales y fiscales se haya redactado y difundido sin conocimiento ni participación de JJpD", apunta.

Además, califica de "preocupante" que "la posición de otras asociaciones haya sido de oposición total y frontal al proyecto, solicitando su retirada íntegra en lugar de formular una crítica razonada y selectiva sobre aspectos concretos que consideren mejorables".

"Esta postura bloquea cualquier posibilidad de diálogo constructivo y supone, de facto, oponerse a medidas tan necesarias como el referido sistema público de becas", señala.

SEÑALA QUE LA "PLURALIDAD DE VOCES" ES "UNA REALIDAD" EN LA CARRERA

La asociación incide en que "la pluralidad de voces en el seno de la carrera judicial es una realidad" que "por mucho que se quiera" no se puede ignorar. Y asegura que, "frente al rechazo tajante y absoluto expresado" por el resto de asociaciones, es "imprescindible ofrecer a la opinión pública un análisis razonado, riguroso y desapasionado" de la reforma en cuestión.

Para JJpD, el proyecto de ley contiene "avances de calado en materia de acceso, profesionalización, igualdad de oportunidades, carrera profesional, ética judicial y racionalización organizativa". Subraya, además, que dichos "avances" van "en línea con recomendaciones de instituciones europeas y con demandas históricas de amplios sectores de la carrera judicial y de esta asociación".

Entre las bondades del texto, JJpD aplaude "la consolidación legal del sistema de becas públicas para opositores y opositoras sin medios económicos, con cuantías vinculadas al salario mínimo interprofesional y duración suficiente".

A su vez, celebra que la medida aporte "equidad y justicia al acceso a la carrera por turno libre" y evite que la concesión de becas quede "al arbitrio del Gobierno de turno". De ahí que reproche al resto de asociaciones que se opongan al proyecto que impulsa estas becas por ley orgánica.

Al margen, también defiende que se recuperen las pruebas prácticas y los ejercicios escritos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, al tiempo que insiste en que es "una necesidad largamente reclamada": "adaptar la selección judicial a las competencias requeridas en el siglo XXI, sin merma alguna de la exigencia técnica".

NIEGA QUE SE DEBILITE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

En el marco del comunicado, JJpD hace referencia al punto de la reforma que permite que el Centro de Estudios Jurídicos sea un "centro público de preparación" para opositores y asegura que dicha medida "no busca ideologizar el acceso a la carrera judicial, sino garantizar la igualdad de oportunidades eliminando las citadas barreras económicas".

A su juicio, "ofertar un centro público de estudios es facilitar la existencia de una preparación de calidad y accesible sin causar demérito a quienes siguen haciendo su labor desde lo privado (...)". Y subraya que "democratizar el acceso a través de favorecer y facilitar la preparación de las pruebas, como antes hemos dicho, fortalece y no debilita la independencia judicial".

Al hilo, sostiene que "la independencia judicial no es la sumisión a la voluntad corporativa y una reforma no es, por el mero hecho de modificar el estado de cosas, atentatoria de esta independencia judicial".

Así las cosas, incide en que la independencia judicial es "una garantía para el ciudadano y no un comodín a usar diariamente para expresar el disgusto o el rechazo a cualquier opción que se oponga a las preferencias de unos u otros". "La verdadera garantía de la independencia no está en el inmovilismo, sino en sistemas de gobernanza previsibles, objetivos y representativos", añade.

ASPECTOS "NEGATIVOS": SE IGNORA LA FALTA DE JUECES

Con todo, reconoce que el texto también "contiene aspectos que merecen un juicio negativo" del que también hacen un análisis.

Según sostiene, "el proyecto adolece de un vicio muy relevante como es omitir el principal problema de la carrera judicial y fiscal: el número de personas que la componen". Y reclama que el texto incorpore una previsión de incremento sustancial del número de plazas que permita que los nuevos tribunales de instancia estén suficientemente dotados.

"Sin un incremento relevante del tamaño de la judicatura y de la fiscalía no se podrán afrontar con rigor los retos que se avecinan con las actuales reformas en marcha y la proyectada nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal", denuncia.

También se opone a "un modelo que incluye la reducción a cinco años de ejercicio profesional como presupuestos y requisito". "Consideramos que debe ampliarse y, en todo caso, equipararlo al ordinariamente exigido para el cuarto turno", señala el secretariado de la asociación.

Asimismo, considera que las medidas extraordinarias de estabilización "no pueden suponer una reducción de las plazas ofertadas por el turno libre ni por el cuarto turno, debiendo cumplir los compromisos de incrementar la oferta pública de ambas convocatorias". "En tanto ello no se garantice, cualquier proceso extraordinario no es procedente", manifiesta.

Explique que, aunque ve "legítimo" buscar fórmulas que resuelvan las exigencias europeas relativas a la temporalidad en la justicia, tales soluciones deben "encajarse dentro del marco constitucional español, garantizando que no se lesionen ni los derechos ni las expectativas del conjunto de la carrera o de quienes aspiran a integrarse en ella"

En este sentido, pide que se eviten perjuicios a quienes se encuentran preparando su acceso por las vías ordinarias. "No es admisible introducir incertidumbre en un cuerpo de aspirantes que es necesario no sólo mantener, sino potenciar para garantizar una capacidad y nivel de preparación óptimo", agrega.

Así las cosas, exige que "cualquier medida de este tipo sea paralela a medidas que mantengan e incrementen las convocatorias ordinarias del turno libre y cuarto turno, vías de acceso ordinarias y legales que desarrollan la carrera judicial".