Madrid, 23 may (EFE).- El PSOE ha propuesto, dentro de sus enmiendas a la proposición de ley de Sumar para regular el alquiler de temporada y de habitaciones, un régimen sancionador para las plataformas en línea que ofrecen alquileres de corta duración con multas de hasta 600.000 euros por publicar anuncios ilegalmente.
Las sanciones van desde los 3.000 euros por infracciones leves a 30.000 euros por las graves y 600.000 euros por infracciones muy graves, todas relacionadas con el incumplimiento del nuevo procedimiento de registro obligatorio de viviendas de alquiler de temporada, turístico o de habitaciones que aprobó el Ministerio de Vivienda en un real decreto en diciembre de 2024.
Este procedimiento obliga a que cada inmueble que quiera anunciarse en una plataforma para su alquiler temporal deberá solicitar al Registro de la Propiedad un número de registro.
En la propuesta del PSOE, a la que ha tenido acceso EFE, el arrendamiento de la vivienda o la habitación sin la previa obtención de ese número se considera una infracción grave, lo que supondría una multa de 30.000 euros, igual que la aportación de información que carezca de autenticidad o validez por parte de la persona arrendadora, si lo hace a sabiendas.
Si lo hace por negligencia, la infracción se considera leve, con lo que la multa bajaría a 3.000 euros.
Según la enmienda del grupo socialista, algunas de las infracciones muy graves son las que cometerían las plataformas (Airbnb, Booking, Vrbo, Rentalia y Expedia, entre las más populares), si el ministerio (a través de la nueva Ventanilla Única Digital de Arrendamientos) les pide que rectifiquen una información falsa o que eliminen un anuncio ilegal y no lo hacen.
El órgano competente para la imposición de las sanciones sería el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana para las graves y muy graves y el titular de la Dirección General de Planificación y Evaluación para las leves.
Fuentes del Ministerio de Vivienda han dicho a EFE que este régimen sancionador supone un "endurecimiento" de las multas, ya que hasta ahora las sanciones iban vinculadas a la normativa de consumo de las comunidades autónomas.
El objetivo de ligar las sanciones al sistema de registro único es combatir el fraude en los alquileres turísticos (a finales de 2023 había en España 388.000 viviendas turísticas, según Exceltur), así como en los arrendamientos de temporada y de habitaciones.
Desde el ministerio prevén que salgan así del mercado del alquiler temporal multitud de viviendas actualmente ofertadas de manera irregular, lo que a su juicio permitirá una mayor oferta de arrendamiento de larga duración que contribuya a bajar los precios. EFE
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