Madrid, 23 may (EFE).- La causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuesta revelación de secretos afronta este viernes la testifical de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y autor de la denuncia que originó la investigación, ya en su fase final.
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado y las partes interrogan a González Amador, citado a petición de la Abogacía del Estado y por orden de la Sala, una vez que el instructor había rechazado en un primer momento esta diligencia.
González Amador está investigado por varios delitos en un Juzgado de Madrid, incluido el fraude fiscal que motivó el correo cuya difusión se investiga en el Supremo, lo que podría determinar que solicite no contestar a determinas preguntas aduciendo su derecho a defensa, si bien fuentes jurídicas consultadas por EFE lo descartan y aseguran que responderá a todo.
Esta testifical es la única diligencia pendiente que queda por practicar por el instructor, de ahí que en adelante tenga el camino despejado para decidir si va más allá y ve indicios para procesar al fiscal general o, en cambio, acuerda el archivo del procedimiento.
Tanto es así que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que ejerce una de las cinco acusaciones populares Madrid, ha pedido ya al magistrado que dicte el auto de procedimiento abreviado (equivalente a procesamiento) para García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por revelación de secretos y prevaricación administrativa al existir una "abrumadora prueba".
De hecho, esta semana el instructor ha rechazado las diligencias solicitadas por el abogado de González Amador y por Apif, de manera que solo le queda responder a las últimas peticiones del fiscal general que ha solicitado que cite al abogado de la pareja de Díaz Ayuso, Carlos Neira, y a varios periodistas que conocieron su voluntad de admitir la comisión de dos delitos fiscales antes de que se produjera la filtración por la cual está siendo investigado.
Y todo esto ocurre con otras dos novedades: Vox ha pedido personarse como acusación popular y la fiscal jefe de Madrid ha renunciado a que la defienda la Abogacía del Estado y ha escogido al letrado Daniel Campos, que fue durante años fiscal de la Audiencia Nacional, para que la represente a partir de ahora en la causa. EFE
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