La defensa del expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla en el procedimiento que el rey emérito ha iniciado contra él puede citar a declarar a Juan Carlos I tras la demanda que su abogada ha anunciado que interpondrá en los juzgados de Madrid, tras la fallida conciliación celebrada la semana pasada en Santander.
No obstante, será el juez encargado del caso el que decida sobre esa comparecencia, en función de la pertinencia e interés del interrogatorio al exjefe del Estado, tal y como ha aclarado el decano del colegio de la Abogacía de Cantabria, Carlos Pérez, este jueves a los periodistas, en un desayuno informativo para presentar la nueva Junta de la entidad y abordar temas de interés para el sector.
Así, en el supuesto de que el monarca sea citado al juicio --algo que Pérez da por "seguro" tras la demanda anunciada, que será por ataques contra su derecho al honor por declaraciones injuriosas y calumnias del regionalista en programas de televisión--, tendría la obligación de comparecer, aunque si sigue en el extranjero --desde 2020 reside en Abu Dabi-- sería "un poco difícil" y podría hacerlo por medios telemáticos, como una videoconferencia desde una sede segura, como un consulado de los Emiratos Árabes Unidos.
En caso de no asistir, el representante de los abogados cántabros ha señalado que tendría que atenerse a las consecuencias que contempla la ley para esos supuestos. Y de todos modos, la pertinencia o no del interrogatorio es una cuestión jurídica y dependerá del magistrado, que decidirá sobre el mismo en base al interés que pueda tener para la causa.
EL JUEZ PUEDE FORMULAR SUS PROPIAS PREGUNTAS
Así, por ejemplo, los extremos a preguntar se admitirán o no en función de su relación con el fondo del asunto, declarando la pertinencia o no de las cuestiones el juez, que también puede formular sus propias preguntas.
El decano de la Abogacía cántabra también ha sido cuestionado por el hecho de que Revilla designara un letrado de fuera de la región (José María Fuster-Fabra, catalán y afiliado al PRC) y, aunque ha comentado que podría haber elegido a uno de la comunidad -hubiera sido "óptimo para nosotros", ha admitido-, ha expresado que no es extraño que clientes de aquí acudan a letrados especializados de otras autonomías, por los que ha expresado su "máximo respeto".
Por su parte, Juan Carlos I designó para que le represente legalmente en este proceso a Guadalupe Sánchez, que también es abogada del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
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