València, 21 may (EFE).- La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja ha dictado una providencia en la que responde a la propuesta de unificación de acusaciones instada por el letrado de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, y en la que interroga al letrado sobre su propuesta, a la vista de las posturas "claramente divergentes" de las partes personadas.
En una providencia dictada este miércoles y hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la instructora pide a la defensa de Pradas que aclare su solicitud en el plazo de tres días.
Concretamente, la magistrada pregunta a dicha parte "qué propuesta de unificación pretende, si se incluyen tanto acusaciones particulares como populares y sobre qué criterios interesa la unificación, a la vista de las posturas claramente divergentes que se desprenden de solicitudes de prueba, recursos y adhesiones a los mismos".
Según se conoció este martes, el letrado de Pradas pidió a la jueza que impusiese la unificación o agrupación de las más de 40 acusaciones particulares y populares que se han personado en la causa penal por la gestión de la dana.
En su escrito, fechado el pasado día 5, este letrado citó en varias ocasiones al artículo 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispone la posibilidad de que se imponga a las partes la agrupación de las distintas acusaciones "en una o varias representaciones y que sean dirigidos por la misma o varias defensas, en razón de sus respectivos intereses".
Además de las decenas de acusaciones particulares, que representan directamente a familiares de las víctimas, están personados varios partidos (Podemos, Vox, PSPV-PSOE, Ciudadanos y Compromís), sindicatos (como FTAP-CGT e Intersindical Valenciana) y asociaciones (Liberum, Acció Cultural del País Valencià o Mai Més).
En opinión del letrado de Pradas, "el número de acusaciones personadas, tanto particulares como populares, está dificultando la tramitación del procedimiento y afectando frontalmente a su desarrollo sin dilaciones indebidas, al derecho de defensa y a la propia integridad del procedimiento, como viene reconociendo el Juzgado".
Respecto al hecho de que muchas de ellas están integradas por partidos de diferente ideología, este letrado expuso que "dicho argumento, dicho sea en estrictos términos de defensa, no puede ser admitido en modo alguno".
"El signo político de las acusaciones es absolutamente irrelevante, pues lo que se persigue en todo proceso penal es la persecución de un interés general, consistente en el esclarecimiento de unos hechos y su posible respuesta en el ámbito penal, lo que es absolutamente ajeno al debate político que no tiene su sitio en un procedimiento penal", apuntó en su propuesta. EFE
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