El "boom" de centros de datos en Aragón: inversiones milmillonarias y algunos recelos

Ainhoa García Mendaza

Zaragoza, 21 may (EFE).- Desde que Amazon Web Services puso sus ojos en Aragón en 2019 para establecer sus centros de datos, la región se ha convertido en el polo de atracción de inversiones milmillonarias en campus tecnológicos, una oportunidad para la transformación digital que despierta recelos en algunos municipios.

La situación geográfica estratégica y la disponibilidad de sol, viento, agua y suelo son los factores determinantes para que las empresas escojan esta comunidad, que ya concentra inversiones, la mayoría en la provincia de Zaragoza, que suman más de 37.000 millones de euros.

Hasta catorce centros de datos cuentan con el aval del Gobierno de Aragón mediante su Declaración de Interés General (DIGA), el paso previo a su tramitación como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), la herramienta que permite reducir los trámites administrativos y la exención de impuestos municipales, uno de los motivos que genera rechazo de ayuntamientos.

La primera en anunciar inversiones hace seis años fue AWS, con tres centros de datos en las localidades zaragozanas de Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro y en la capital oscense, que desde 2022 son los únicos que están operativos.

En mayo de 2024, la compañía marcó un punto de inflexión al anunciar una ampliación de los tres centros por 15.700 millones en diez años, incluyendo un nuevo centro junto al Polígono Empresarium de Zaragoza. La inversión generará 17.500 empleos en España, de los que 6.800 se ubicarán en Aragón, según el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Después llegó el anuncio de Best Wonder Business (BWB), con un centro en la Plataforma Logística de Huesca (Plhus) y cuatro plantas fotovoltaicas para alimentarlo con una inversión de 230 millones y 260 empleos.

Ya en octubre de 2023, el gigante estadounidense Microsoft oficializó su apuesta por la región, con dos centros en las localidades zaragozanas de La Muela y Villamayor de Gállego y otro junto al Centro Comercial Puerto Venecia en Zaragoza, con 10.000 millones de inversión y 900 empleos.

Con quince días de diferencia se anunciaron, en octubre de 2024, dos nuevos centros: el del fondo de inversión estadounidense Blackstone, con 7.500 millones de inversión en Calatorao y 1.400 empleos, y el de Box2bit, con 3.400 millones en Cariñena y 350 puestos de trabajo.

Los últimos proyectos a los que el Gobierno de Aragón ha dado su aval con una DIGA, ya en 2025, son los del grupo Azora para un centro de datos en Villamayor de Gállego, con una inversión inicial de 1.100 millones y 154 empleos directos, y el de Samca, el primero de un grupo aragonés, de 2.600 millones para tres centros de datos en Luceni (Zaragoza) que supondrán la renovación de los parques eólicos en Luceni, Pedrola, Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón, propiedad de la compañía, para abastecer energéticamente el proyecto.

Los sacrificios que hacen los ayuntamientos con estos proyectos son la base del recurso de reposición que ha presentado Villamayor de Gállego a la Declaración de Interés General de Aragón del centro de datos de Azora, como ha explicado a EFE el alcalde, José Luis Montero, de Chunta Aragonesista.

El municipio sostiene que Azora no ofrece las garantías exigibles para considerar su iniciativa de interés general autonómico, rechaza la elección de terrenos en los que se ubicaría, 80 hectáreas al norte del núcleo urbano que afectaría a la labor de 40 agricultores, y entiende que no está claro el consumo de agua y de energía.

Villamayor ha sido ya suficientemente "solidario", ha subrayado el alcalde, quien ha defendido la autonomía del municipio a decidir los terrenos para su crecimiento.

Pero el rechazo a la tramitación de estos proyectos tiene que ver sólo con los centros de datos, también con el desarrollo de renovables que tienen asociados.

Es el caso de Pedrola, Rueda de Jalón y Plasencia de Jalón, que han alegado al proyecto de tres centros de datos de Samca en Luceni por llevar asociado la repotenciación de parques eólicos en sus municipios, por lo que dejarían de ingresar entre 8 y 11 millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) al tramitarse conjuntamente dentro de un PIGA.

Como ha explicado a EFE la alcaldesa de Pedrola, la socialista Manuela Berges, "nadie ha puesto en solfa" los centros de datos, pero sí que se unan a la repotenciación de renovables en municipios que "no tienen nada que ver", dejándoles sin ingresos por el ICIO cuando son los que sufren "las afecciones de los parques". EFE

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