Madrid, 20 may (EFECOM).- El despacho de abogados especializado en regulación normativa del sector turístico Tourism&Law ha confirmado que el Ministerio del Interior ya ha comenzado a abrir expedientes sancionadores a empresas por incumplir el Real Decreto 933/2021 que regula el registro de viajeros y ha alertado de la inseguridad jurídica del mismo.
El despacho ha subrayado, en un encuentro con la prensa este lunes que, aunque el Real Decreto fue promulgado en 2021, a fecha de hoy aún está pendiente la publicación de la orden ministerial que debe definir aspectos operativos y la relación final de los datos que los actores implicados deben comunicar al Ministerio.
Sobre el posible plazo para la publicación de la orden, uno de los abogados de la firma ha considerado que la demora actual es excesiva, pese a que la ley no impone un tiempo exacto, y ha añadido que se debe a "tiempos de oportunidad política".
En este sentido, otra de las letradas ha insistido en la necesidad de que se publique esta orden ministerial, entre otras razones para aclarar cuál es la información obligatoria que los actores deben incluir en el registro, ya que han observado diferencias entre los campos que figuran en la plataforma puesta en marcha por el Ministerio y los que cita el Real Decreto.
Para la directora del bufete, conocer qué datos se pueden solicitar, cómo tratarlos y durante cuánto tiempo conservarlos "será clave para evitar sanciones y garantizar la seguridad jurídica".
También ha afirmado que una de las grandes cuestiones que ponen en entredicho este decreto es el cumplimiento de la normativa de protección de datos.
"La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) elaboró su informe y concluyó que se deben establecer garantías más claras con respecto a los objetivos y la finalidad del tratamiento de esos datos, delimitando que sean exclusivamente para los fines de investigación de delitos penales", ha asegurado.
El bufete ha abierto la puerta a una posible judicialización del proceso de la normativa ya que la falta de concreción legal en algunos puntos críticos, podrán dar lugar a reclamaciones cuando las empresas obligadas sean sancionadas por el Ministerio del Interior. EFECOM
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