Madrid, 20 may (EFE).- Varias ONG que trabajan con migrantes y con infancia han alertado de que el nuevo reglamento de extranjería que entra en vigor este martes llevará a una situación de irregularidad administrativa sobrevenida a decenas de miles de personas a las que se deniegue el asilo o que han desistido de su solicitud.
El nuevo texto establece que el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computará para optar al arraigo, por lo que una persona cuya petición sea denegada caerá en la irregularidad y deberá permanecer en ella hasta dos años para conseguir los papeles.
Ante el cambio, y como vía transitoria durante un año, se ha reducido de 2 años a 6 meses el tiempo de residencia exigido para que los solicitantes de asilo rechazados accedan al arraigo, lo que ha provocado que muchos potenciales refugiados que ya estaban viviendo y trabajando regularmente en España hayan renunciado a su petición y caído en la irregularidad.
De esta situación alertan en un comunicado difundido este martes organizaciones como Andalucía Acoge, Cáritas, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes. Todas ellas han recurrido por este motivo el reglamento ante el Tribunal Supremo, que por ahora no se ha pronunciado.
"El nuevo reglamento de extranjería genera que personas y familias que se encuentran trabajando formalmente, cotizando y desarrollando sus proyectos de vida con reconocimiento de derechos en España, sean penalizadas dejándolas en situación administrativa irregular, perdiendo los derechos reconocidos", han advertido.
Además, han señalado que la vida de miles de personas migrantes y solicitantes de asilo "se ha visto paralizada" durante los primeros meses de 2025 ante la necesidad de tomar decisiones y que las instrucciones publicadas por el Ministerio del Interior el pasado 13 de mayo demuestran una "voluntad de mejora", pero llegan tarde y generan poca seguridad jurídica.
El reglamento, recalcan, crea nuevas situaciones de irregularidad administrativa y no resuelve de forma inmediata la que ya sufren miles de personas, por lo que reclaman la aprobación en paralelo de la iniciativa legislativa popular que pretende una regularización extraordinaria, cuya negociación se ha reactivado en el Congreso tras un año estancada.
De los mismos riesgos ha advertido la Plataforma de Infancia, pues tampoco en el caso de los menores no acompañados computará el tiempo como solicitantes de asilo a la hora de optar al arraigo y preocupa que esta normativa desincentive sus peticiones de asilo incrementando la situación de vulnerabilidad de los niños que huyen de sus países buscando protección internacional.
También teme esta plataforma las consecuencias de que el silencio administrativo pase a considerarse negativo porque se desestimarían automáticamente las solicitudes que no se resuelvan en un mes , cuando hay miles de expedientes atascados.
Además, denuncian el endurecimiento de la autorización de residencia a jóvenes extutelados, que hasta ahora podían pedirla hasta los 23 años y ahora hasta los 20 y de forma excepcional.
Por otra parte, estas organizaciones sí ven avances en la flexibilización de requisitos para regularizar la situación administrativa, al reducirse en arraigo social en un año y permitir el arraigo socioformativo trabajar hasta 30 horas. También ven margen de mejora en elementos como la reagrupación familiar. EFE
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