Alicante, 16 may (EFE).- El exalcalde del PP de Santa Pola (Alicante) Miguel Zaragoza ha sido condenado a seis años y medio de cárcel por perdonar el canon anual a una clínica privada en un local municipal de una urbanización a cambio de que ésta empleara a su hermana, que cobraba sin trabajar.
Según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), también ha sido condenado a la misma pena de prisión por un delito continuado de prevaricación en concurso con fraude y cohecho un exconcejal Jorge Peiró, que era, además, pareja sentimental de la hermana del alcalde.
Y del mismo modo, acuerda las mismas penas a dos médicos que gestionaban la clínica en la urbanización Gran Alacant de Santa Pola, así como dos años y tres meses de cárcel para la referida hermana del alcalde Zaragoza, en una sentencia dictada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, que ha absuelto a otros dos empleados del centro médico y a la concejal responsable de la urbanización.
El tribunal considera probado que Miguel Zaragoza, alcalde entre 2003 y 2015, y Jorge Peiró, concejal en los periodos 2003-07 y 2011-15, permitieron que la empresa Gran Alacant SL prestara servicio como clínica privada en un edificio municipal sin pagar cantidad alguna como renta por arrendamiento ni por los suministros de agua y luz, entre otros.
Tampoco le exigieron el pago de un canon anual ni otras obligaciones adquiridas en virtud de un contrato entre ambas partes, como el servicio de seguimiento de bajas por incapacidad temporal de funcionarios, entre otras irregularidades.
La Sala considera acreditado que los responsables políticos se aprovecharon de su “posición como dirigentes del ayuntamiento para obtener provecho de la situación mediante la contratación de personas afines, entre ellas una hermana del entonces alcalde y pareja a su vez del concejal condenado.
Se da la circunstancia, además, de que la hermana dejó de acudir sin causa justificada a su puesto de trabajo “consciente de que ninguna consecuencia negativa sufriría por ello”. La empresa le siguió pagando su salario íntegro “a cambio de que no se les exigiera el cumplimiento de las restantes obligaciones contractuales”, según recoge la resolución judicial.
La sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, condena también como persona jurídica a Clínica Gran Alacant SL por delito continuado de cohecho a una inhabilitación para obtener ayudas y subvenciones, contratos en el sector público o beneficios fiscales o de Seguridad Social.
Del mismo modo, obliga a los dos expolíticos del PP y a los dos médicos condenados a indemnizar conjunta y solidariamente al ayuntamiento de Santa Pola en la suma de 109.371 euros, de los que 13.022 ya han sido pagados por la empresa encausada. EFE