La APIF rechaza asistir a una reunión con García Ortiz sobre la reforma de Fiscalía para no prestarse a un "blanqueo"

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha enviado una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para informarle de que no acudirá a la reunión prevista para el próximo 20 de mayo, con motivo de la reforma de la Fiscalía anunciada por el Gobierno, al considerar, por un lado, que sería una colaboración "estéril", porque se ha hecho "a espaldas" de la APIF y, por otro, que sería prestarse a un "blanqueo" de su situación personal como imputado.

"La APIF ha sido convocada a una reunión, para el próximo 20 de mayo de 2025, por la Secretaría del Fiscal General del Estado (FGE) mediante correo electrónico de 14 de mayo de 20025. Lamentablemente, tenemos que declinar la invitación recibida", dice la misiva, recogida por Europa Press.

En primer lugar, explica que "el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros de 13 de mayo de 2025 de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) no ha sido consensuado por el FGE con esta asociación, ni el Gobierno ha pedido a la APIF opinión o sugerencia alguna respecto a este texto prelegislativo".

"No parece que tras esta actitud, a espaldas de esta asociación, la APIF deba, 'a posteriori', prestarse a una colaboración que entendemos estéril. Es más, a pesar de que se nos convoca a una reunión de trabajo sobre una modificación de nuestro Estatuto, ni siquiera se nos ha señalado los puntos que se van a tratar en esta reunión", critica.

A ello suma que García Ortiz está investigado en el Tribunal Supremo (TS) por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "estando muy próximo la apertura de juicio oral".

"Cuando se dio esta situación, la APIF pidió su dimisión, al entender que no es compatible el ejercicio de FGE y tener la condición de investigado. Precisamente por no atender esta solicitud, esta asociación se ha visto en la necesidad de personarse, como acusación particular", recuerda.

A su juicio, por esta razón García Ortiz "carece de autoridad" para presidir una reunión en calidad de fiscal general del Estado. En concreto, expone que, si el TS abre juicio oral, el fiscal general tendrá que suspender a la otra imputada, tal y como establece el EOMF, pero él podrá continuar en el cargo, algo que se podría haber evitado "solo con la reforma del artículo 31 del EOMF".

Además, recuerda que la APIF recurrió la decisión del Gobierno de ratificar a García Ortiz en el cargo, a pesar de que por primera vez el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declarara no idóneo al candidato, debido a la sentencia del TS que le acusó de "desviación de poder" por ascender a su antecesora, Dolores Delgado.

"La concurrencia de la APIF a una reunión con el actual FGE no sería entendida ni por nuestros asociados ni por los fiscales en general, ya que, precisamente por haber recurrido su nombramiento y por estar personados en la causa penal contra el FGE podría considerarse como un blanqueo de la posición anómala en la que se encuentra el señor García Ortiz, que está afectando gravemente a nuestra carrera", indica.