Madrid, 16 may (EFE).- Un nuevo argumento, ahora por el lugar de empadronamiento del medio millar de personas sintecho que pernoctan en el Aeropuerto de Barajas, ha servido para azuzar este viernes las acusaciones entre administraciones, que se reprochan no atender sus necesidades mientras sindicatos y onegés piden soluciones rápidas.
Alrededor de quinientas personas pernoctan cada día en el Adolfo Suárez-Madrid Barajas, una situación ante la que hace dos días el gestor del aeropuerto, Aena, anunció que en determinadas franjas horarias de menos tráfico aéreo se realizarán controles de acceso a las terminales, permitiendo el paso únicamente a pasajeros, acompañantes y trabajadores.
Además, este jueves Aena envió un requerimiento legal al Ayuntamiento de Madrid, como administración competente, para que atienda las necesidades de estas personas sin hogar.
Hoy el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha exigido a consistorio que deje de "buscar excusas" y asuma sus competencias, y lo ha argumentado apelando a un informe elaborado por una entidad social en el se afirma que más de la mitad de esas personas sin hogar están empadronadas en la ciudad.
Ha acusado al alcalde, José Luis Martínez Almeida, de engañar a la ciudadanía eludiendo su responsabilidad, porque asegura que son competencias suyas las políticas sociales que eviten que el aeropuerto termine convirtiéndose en un albergue municipal.
Un argumento que ha sido contestado por el Ayuntamiento a través del delgado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, quien ha asegurado que el estudio al que se refiere el delegado del Gobierno es en realidad una "encuesta" de una entidad social basada en entrevistas al 30 % de las personas que supuestamente se encuentran en Barajas.
"Esto no permite conocer la realidad caso a caso. Además, diagnosticar un problema tan complejo con este porcentaje de entrevistas, realizadas hace casi dos meses en apenas dos horas de un único día, no ofrece todas las garantías de fiabilidad".
Lo que sí hace falta, según el Ayuntamiento, para poder dar soluciones personalizadas, es un estudio de filiación para determinar quiénes deben ser atendidos por el Consistorio, porque a través de una encuesta sin nombres y apellidos no se puede comprobar el empadronamiento de estas personas o sus antecedentes previos de atención social.
Desde la Comunidad de Madrid, su portavoz, Miguel Ángel García Martín, cree que Aena y el Gobierno han reaccionado "tarde y mal", han actuado únicamente cuando la situación se ha vuelto extrema y lo han hecho además buscando culpables fuera y con medidas "insuficientes".
Para la Comunidad de Madrid, insiste, la competencia "es absolutamente de Aena" y, por extensión, del Gobierno, al que García Martín ha exigido que "ponga freno a este caos".
Y mientras tanto, sindicatos como UGT o entidades sociales han vuelto a reclamar a las tres administraciones que se sienten a buscar una solución rápida y humanitaria que dé respuesta a la situación de estas personas. EFE
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