Urgen aprobar la Ley de familias varada en el Parlamento desde hace más de un año

Madrid, 14 may (EFE).- Organizaciones de familias y de infancia urgen la aprobación de la Ley de familias que el Gobierno envió al Parlamento hace más de un año para su tramitación por vía de urgencia y que ha quedado varada en el proceso de enmiendas ante la falta de los apoyos necesarios para salir adelante.

Con motivo del Día Internacional de las Familias, este jueves, las entidades sociales piden sacar del cajón parlamentario la norma, que busca garantizar la protección económica y social a todas las familias, contempla medidas de conciliación y avanza en el reconocimiento jurídico y la protección de sus derechos, como los de las monoparentales, que se considerarán numerosas con dos hijos.

El Gobierno aprobó el proyecto de ley, a iniciativa del Ministerio de Pablo Bustinduy, el 27 de febrero de 2024, e inició su andadura en el Congreso de los Diputados días después, acordando su aprobación con competencia legislativa plena y por procedimiento de urgencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.

La norma no ha pasado de la fase de enmiendas, que ha prorrogado 47 veces su plazo, el paso previo al informe de ponencia.

El Reglamento de la Cámara Baja establece en trámites de urgencia la reducción de plazos; en este caso, de la prórroga de presentación de enmiendas que se hace cada 7 días en lugar de 15, pero sin límite de tiempo para cerrar ese proceso, ni tampoco de la aprobación del dictamen.

Algunas iniciativas quedan "caducadas" tras concluir la legislatura, al no poder completar su tramitación.

Fuentes parlamentarias explican a EFE que es práctica habitual cuando no hay acuerdo político demorar las iniciativas legislativas en la fase de enmiendas, para seguir negociando en torno a una mayoría que permita su aprobación.

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) destaca la importancia de esa protección y reconocimiento de derechos de todos los modelos familiares que recoge la ley, sobre todo de los que tienen una situación de mayor vulnerabilidad, como las familias monoparentales, adoptivas, reconstituidas, las que tienen algún miembro con discapacidad o las de migrantes, entre otras.

Casi la mitad de las familias monoparentales están en riesgo de pobreza, ha recordado con insistencia el ministro Bustinduy, quien ha apelado a los partidos políticos que permitan la aprobación de la ley "con las mejoras que sean necesarias".

La Federación Estatal LGTBI+ lanza un llamamiento urgente para que se acelere su aprobación: "Las familias LGTBI+ siguen enfrentando situaciones de invisibilidad, desigualdad legal y discriminación institucional en su vida cotidiana", como las barreras legales en derechos básicos como la filiación de sus hijos y el acceso a ayudas.

El proyecto de ley remitido por el Ejecutivo para evitar demoras no incluyó cambios del texto que ya había comenzado a tramitar la ministra Ione Belarra, y dejó fuera la ampliación de 16 a 20 semanas los permisos por nacimiento y adopción, y retribuir el permiso de cuidados de 8 semanas hasta los 8 años del hijo. No obstante, se incluyeron en el acuerdo de coalición de cara a ser negociados en los presupuestos.

Tampoco se incluyó la prestación universal de crianza y la ley solo recoge la ayuda hasta que los niños tengan 3 años. Derechos Sociales siempre ha confiado en ampliarla a través de las enmiendas para que se extienda incluso hasta los 18 años y duplicando la cuantía de los 100 euros al mes actuales, a los 200 por hijo.

El Tercer Sector también reclama más ambición a la ley en esa medida. Proponen que se amplíe al menos hasta los 6 años y un compromiso de alcanzar los 18 años en el medio o largo plazo. "El permiso es sustancialmente relevante en un país con una tasa de pobreza infantil y exclusión social que alcanza al 33 % de los niños y niñas", recuerdan.

Desde la Plataforma de Infancia lamentan que España sea uno de los países de la UE que menos invierte en políticas de apoyo a la infancia y a familias: el 4,1 % del PIB per cápita, mientras que la media europea se sitúa en el 7,2 %.

La ley formaliza la equiparación en derechos a las parejas de hecho y los matrimonios a través de un registro estatal: en materia de pensiones, prestaciones de derechos laborales y permisos. Hay 1,8 millones de parejas de hecho en España.

Las familias numerosas -unas 800.000- pasan a denominarse "familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza", algo que rechazan las organizaciones que representan al colectivo al igual que el PP, aunque Bustinduy se ha mostrado dispuesto a recuperar la denominación en el trámite parlamentario si eso ayuda a que la ley cuente con el mayor consenso.

Con esta norma, la 'categoría especial de familias numerosas' pasará de 5 a 4 hijos (a 3 hijos en el caso de parto múltiple o de familias de rentas bajas establecidas en un umbral del 150 % del Iprem).

También se equiparan a las numerosas, las de dos hijos con un progenitor con un 33 % de discapacidad (en lugar del 65 % en la actualidad), las unidades familiares en las que convivan hijos de uniones anteriores, los hogares con víctimas de violencia de género y aquellos con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión. EFE

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