Barcelona, 14 may (EFE).- El expresidente de la Generalitat Artur Mas acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de impulsar la operación Cataluña para "eliminarle políticamente" mediante una "auténtica persecución", utilizando las estructuras policiales para confeccionar "pruebas falsas", lo que ve "impropio" en una democracia.
Así lo sostiene Mas en la que querella, a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, que ha interpuesto ante un juzgado de Barcelona contra el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, entre otros, al concluir que fue uno de los "objetivos principales" de la operación Cataluña, que le puso en el "punto de mira" cuando era president para frenar el movimiento a favor de la autodeterminación.
La querella se dirige asimismo contra el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y los comisarios jubilados José Manuel Villarejo, Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas, así como contra los exdirectores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sánz Roldan y Paz Esteban, en este caso por el espionaje con Pegasus que Mas sostiene que sufrió entre 2015 y 2020.
Por la operación Cataluña y el espionaje con Pegasus, Mas atribuye a los querellados los delitos de organización criminal, falsedad de funcionario en documento oficial, malversación, descubrimiento y revelación de secretos, intrusión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones y espionaje informático, producción y adquisición de software malicioso y contra los derechos fundamentales.
Pese a que en su escrito resalta la "connivencia" de Rajoy con la operación Cataluña y sostiene además que la estrategia de esta trama fue "dirigida por el Gobierno central", Mas precisa que "de momento" no se querella contra el expresidente ni contra la exvicepresidenta Soraya Sánez de Santamaría, porque por ahora no dispone de "suficientes elementos" que avalen actuar judicialmente en su contra.
Según detalla la querella, redactada por el abogado Jordi Pina, la operación Cataluña fue una "organización criminal" integrada por mandos policiales, cargos públicos y dirigentes políticos, con el objetivo de obtener información o confeccionar "pruebas falsas" que sirvieran para "intimidar, perjudicar y desprestigiar" a personas cercanas al movimiento soberanista catalán.
En el caso de Mas, remarca la querella que fue uno de los "objetivos principales" de esta "trama", que le puso en el "punto de mira" cuando era presidente -entre 2010 y 2016-, por su "indudable relevancia social y política".
Y todo ello, apunta, aprovechándose de las estructuras policiales y de los recursos materiales y humanos del Estado "para llevar a cabo una auténtica persecución de quienes consideraban sus adversarios políticos, absolutamente impropia de un régimen democrático, donde -se supone- imperan la libertad ideológica y el pluralismo político".
Según la querella, este "entramado criminal" intentó "eliminar políticamente" al entonces president Mas, al confeccionar "pretendidos indicios" que permitieran su imputación judicial, en el marco de una "auténtica persecución" contra quienes los implicados consideraban sus "adversarios políticos".
Mas sitúa la vigencia de la operación Cataluña, inicialmente bautizada como proyecto Barna, entre 2012 y finales de 2017, en el marco de una estrategia en la que "resultaba absolutamente primordial desestabilizar a Convergencia Democràctica de Cataluña (CDC) y a sus principales dirigentes", buscando su "desprestigio personal", para detener el movimiento favorable al referéndum de autodeterminación.
Según el escrito, fue la exdirigente del PP catalán y actual diputada en la Asamblea de Madrid Alicia Sánchez-Camacho, contra quien Mas no se querella, quien facilitó al excomisario jubilado José Manuel Villarejo una "lista negra" de personas que debían ser "investigadas, espiadas y perseguidas policialmente" por su relación con el soberanismo catalán.
"No estamos ante una cuestión aislada promovida exclusivamente por Sánchez-Camacho, sino que la ahora diputada no era más que la correa de transmisión entre la cúpula de su partido y la denominada 'policía patriótica,' encabezada por el comisario Villarejo, que perseguía a quienes ellos consideraban sus adversarios por razones ideológicas", resalta.
En su escrito, Mas recuerda que CiU pasó en las elecciones de noviembre de 2012 de 62 a 50 escaños, "como consecuencia, en buena parte, del trabajo realizado" por los querellados, hasta el punto de que Villarejo aseguró en una comparecencia en el Congreso que el entonces presidente Rajoy le felicitó "por haber colaborado en el tema".
De hecho, Mas apunta en su querella que este entramado también participó en la eliminación de pruebas que incriminaban a dirigentes del PP, en la denominada operación Kitchen, y confeccionó asimismo pruebas contra partidos de la oposición como Podemos. EFE
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