El acusado para el que la Fiscalía de Barcelona solicita una pena de 107 años y medio de prisión por agredir sexualmente a una menor de edad y ofrecerla a terceros a través de plataformas para que mantuviesen relaciones sexuales con ella lideró una red de "depredadores sexuales" en Barcelona.
Así lo explicaron hace un año los Mossos d'Esquadra en un comunicado, en el que explicaron que "mantenía contacto con otros depredadores sexuales con los que organizaba encuentros con menores en su casa", hechos que grababa con su teléfono móvil y cámaras ocultas.
La desarticulación de la red que presuntamente lideraba este hombre la explicaron en una rueda de prensa en junio de 2024 el inspector Josep Antoni López Garzón y el cabo David López del Área Central de Cibercrimen de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra.
En aquel momento, López Garzón avanzó que había muchos autores y muchas víctimas, en sus palabras textuales, y que la investigación permitió llegar a "un pederasta que ponía en contacto a otros pederastas con menores".
Hasta ese momento, los Mossos habían detenido a 17 depredadores sexuales y habían identificado 11 víctimas; los arrestados tenían entre 19 y 50 años y pertenecían a diversos estratos sociales.
La captación de los menores se producía en redes sociales y en apps de citas para adultos y todos ellos eran "conscientes y conocedores" de la minoría de edad de las víctimas, que tenían edades comprendidas entre los 12 y los 17 años.
Según explicó el inspector, se ganaban su confianza y los compensaban con regalo, dinero, alcohol y drogas, por lo que a algunos de ellos también les atribuyeron delitos contra la salud pública; además, algunas de las agresiones se grababan para la elaborar material de explotación sexual infantil, que posteriormente se intercambiaban entre ellos y con otras personas.
UNA MENOR TUTELADA POR LA DGAIA
El instructor de las diligencias, el cabo David López, explicó que la investigación, iniciada en 2021, había sido "muy larga y compleja" y había tenido como inicio la denuncia de una menor de 12 años que había manifestado haber sido víctima de abusos por parte de adultos en un domicilio de Barcelona donde otros menores habían sido agredidos sexualmente.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía consultado por Europa Press, la denunciante estaba a cargo de la Direcció General d'Atenció a la Infancia i la Adolescència de la Generalitat de Catalunya (DGAIA), motivo por el que el Govern ha abierto una investigación para revisar las actuaciones.
Fruto de las primeras gestiones de investigación de los Mossos en las redes sociales se pudo ubicar el lugar en el que se realizaban estas agresiones, así como a los presuntos autores de los hechos.
El presunto líder fue detenido en junio de 2022 y en el registro de su domicilio en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona se localizó material informático e indicios que lo relacionaban con actividades con menores.
Los Mossos descubrieron que, como tapadera, el inmueble se ofertaba para el alquiler de habitaciones en internet, lo que le permitía justificar el tráfico de personas en su piso y facilitar el acceso de las víctimas.
De las conversaciones intervenidas en este primer registro se constató que el principal investigado mantenía contactos con otros "depredadores sexuales" con quienes organizaba encuentros con los menores en su casa, que grababa con su teléfono móvil y con cámaras ocultas.
Entre el material intervenido, los Mossos localizaron 1.300 vídeos de material de explotación sexual infantil, de los que 250 fueron registrados por el detenido entre 2016 y 2022; además se analizaron 2.000 conversaciones, de las que 120 eran de contenido pedófilo.
Una de ellas, la que mantuvo con un desconocido durante 6 años, donde ambos compartían su actividad criminal vinculada a la explotación sexual de menores y que permitió adjudicarle al principal investigado hasta 79 agresiones.
En una segunda fase de la investigación, a partir de estos hallazgos, los investigadores de la DIC, tutelados por el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, iniciaron la bautizada como 'Operación Damocles' encaminada a la identificación y protección de las víctimas y la identificación y detención de los autores.
Fue en esta segunda fase cuando los mossos descubrieron que los autores eran conscientes de la minoría de edad de las víctimas y que participaban en sesiones grupales de sexo que organizaba el detenido.
En esta segunda fase se detuvo a 11 personas en abril de 2024, entre ellos el principal investigado.
Las detenciones se efectuaron en diversas localidades de la provincia de Barcelona, como la capital catalana, L'Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Badalona, Sant Boi de Llobregat, y una en Aranjuez (Madrid) en la que colaboró el Cuerpo Nacional de Policía.
PROSTITUCIÓN DE MENORES
En el domicilio del presunto líder se ejercía la prostitución de menores, siempre controlada por este, que hacía "promoción de los menores, encargándose incluso de los reportajes fotográficos, búsqueda de clientes, pactaba el precio y facilitaba el escenario", donde colocaba cámaras ocultas, según los Mossos.
En estas agresiones sexuales se sometía a las víctimas a prácticas sadomasoquistas y grupales, sin ofrecer "en ningún caso" medidas de profilaxis.
TRES PROCEDIMIENTOS
El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona abrió un primer procedimiento a raíz de la denuncia de la menor de 12 años por los delitos de agresión sexual, elaboración y tenencia de pornografía infantil, inducción a la pornografía infantil y exhibición de pornografía a menor.
Este procedimiento, que ya ha acabado su instrucción, ha sido enviado a la Audiencia de Barcelona para la celebración del juicio, que está pendiente de señalamiento, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este miércoles; en este caso, la Fiscalía pide para el procesado 107 años y medio de prisión.
Derivado de este sumario, el magistrado abrió otros 2 procedimientos, al tratarse de los mismos delitos pero con otros intervinientes, una vez recibidas las diligencias ampliatorias policiales.
Así, el TSJC informa de que actualmente hay otras 2 causas judiciales abiertas, la primera de ellas con 11 investigados --uno de ellos el presunto líder--: para 2 de ellos se acordó prisión provisional comunicada y sin fianza en abril de 2024 --uno de ellos el principal investigado--, mientras que los otros 9 quedaron en libertad provisional a disposición del juzgado siempre que sean requeridos.
En esta causa hay 2 víctimas menores: una niña --la denunciante de la causa principal, que tenía 12 años en el momento de los hechos-- y un niño.
En la segunda causa, con 5 nuevas víctimas, hay 6 investigados --uno de ellos es el presunto líder, para el que se acordó prisión provisional, aunque ya estaba recluido desde abril de 2024--.
Los otros 5 investigados están en libertad provisional a disposición del juzgado y con medidas cautelares de orden de alejamiento y prohibición de comunicación con las víctimas, así como prohibición de realizar actividades donde haya contacto con menores.
Para estos 5 investigados se han abierto otros procedimientos, de forma individual para cada uno, después de que en sus dispositivos electrónicos se encontrara material de explotación sexual infantil.
Estos hechos, aclara el TSJC, nada tienen que ver el que investiga el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, por lo que serán investigados de forma individual en el partido judicial donde hayan ocurrido.