
La Fiscalía General del Estado celebra que el anteproyecto aprobado este martes por el Gobierno para reformar el Ministerio Público consolide la independencia de la institución, aunque lamenta que el texto no haga ninguna mención a la autonomía presupuestaria de la misma, según han asegurado fuentes fiscales a Europa Press.
Las mismas fuentes han calificado de "muy positivas" las reformas impulsadas por el Ejecutivo al considerar que se trata de medidas encaminadas a consolidar la independencia de la Fiscalía. El anteproyecto pretende desligar el mandato del fiscal general del Estado del de la legislatura, con el fin de "reforzar la independencia del Ministerio Fiscal" y responder a las "reiteradas recomendaciones" de la Comisión Europea y del Consejo de Europa.
En concreto, el mandato del FGE será de cinco años y dejará de coincidir con el del Ejecutivo. Además, no será renovable, salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año, y en el caso de cese anticipado, el nuevo jefe de la Fiscalía completará el tiempo restante del mandato anterior.
Para evitar ceses discrecionales, el Gobierno solo podrá apartar al fiscal general por "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones" y previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, se prohibirá que el fiscal general comparezca ante el Consejo de Ministros, y cualquier comunicación entre este y el Ejecutivo "deberá constar por escrito y ser publicada".
"Esperamos que entre en vigor cuanto antes porque algunas de las medidas propuestas son muy necesarias a día de hoy, sin necesidad de esperar a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)", han apuntado las fuentes fiscales consultadas.
No obstante, dichas fuentes han hecho hincapié en que el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros no haga "ninguna mención a la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal".
La reforma emprendida este martes también otorga "mayor autonomía funcional" al Ministerio Público, ya que el nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los principales fiscales pasarán a ser competencia del fiscal general, en lugar del Gobierno.
Con vistas a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, el texto prevé que la Fiscalía dirija la Policía Judicial en la investigación de delitos. Así, el fiscal jefe designará a los fiscales instructores y se aplicará el mismo régimen de abstención y recusación que a jueces y magistrados, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.