La AF cree que la reforma es una "operación de maquillaje" que no refuerza a la Fiscalía, sino al fiscal general

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera fiscal, considera que la reforma de la Fiscalía aprobada este martes por el Consejo de Ministros es "una operación más de maquillaje de cara al exterior" que no busca reforzar la institución, sino la figura del jefe del Ministerio Público, a quien --advierte-- se le otorga más poder sin los suficientes contrapesos.

Así se ha pronunciado Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), en declaraciones a Europa Press después de que este martes se diera a conocer que el Consejo de Ministros aprobaría una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para "reforzar la independencia" de la Fiscalía y responder a las "reiteradas recomendaciones" de la Comisión Europea y del Consejo de Europa.

Dexeus considera que, de lo que ha podido leer sobre el anteproyecto, se trata de "una operación más de maquillaje de cara al exterior, que no refuerza a la institución como tal, sino a la figura del fiscal general del Estado". Y defiende que "no es una reforma de calado para el funcionamiento interno de los fiscales".

"Tiene muy pocas aspiraciones, es muy poco ambiciosa, muy decepcionante", sostiene Dexeus, al tiempo que incide en que no se modifica ni la estructura ni la organización interna de la Fiscalía.

LA AF DENUNCIA AUSENCIA DE CONTRAPESO AL FISCAL GENERAL

A su juicio, el texto "no crea verdaderos sistemas de contrapeso dentro de la institución ante el poder absoluto del fiscal general del Estado". "Se olvida al Consejo Fiscal, en lugar de darle preponderancia (...) atribuyéndole mayores funciones de contrapeso al poder del fiscal general", añade. Y reprocha que se "refuerza mucho" la figura del jefe del Ministerio Público y se "difuminan los controles al máximo".

Sobre la reforma que permite a la Junta de Fiscales de Sala imponer su criterio al del fiscal general si cuenta con mayoría cualificada de tres quintas partes, Dexeus incide en que dicho órgano "está ahora con sobrerrepresentación de la Unión Progresista de Fiscales", de la que era miembro el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Ante el eventual cambio que dejará las investigaciones penales en manos de los fiscales, Dexeus afea que no se impulse un "sistema de discrepancia clara" ni se genere "un sistema de defensa del fiscal investigador o de verdaderas y reales garantías" para que éste lleve a cabo su labor.

La presidenta de la AF también se muestra preocupada ante el hecho de que los nombramientos discrecionales que antes proponía el fiscal general y aprobaba el Consejo de Ministros sean ahora competencia del jefe del Ministerio Público.

No obstante, reconoce que "en algunos aspectos" la reforma "se aproxima a los estándares que vienen reclamando desde el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), desde la Comisión Europea", tanto en relación al mandato del fiscal general y como respecto a sus comunicaciones con el Gobierno.

LA APIF CREE QUE SE BLINDA A GARCÍA ORTIZ

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) lamenta que el Gobierno no aprovechara para "iniciar los trámites para remover (cesar) al fiscal general por incumplimiento grave de sus funciones". Cabe recordar que esta asociación ejerce la acusación popular en la causa en la que se investiga a García Ortiz por presunta revelación de secretos.

Miguel Pallarés, de la APIF, sostiene en declaraciones a esta agencia de noticias que la reforma "blinda" al fiscal general en su cargo al no modificarse el Estatuto para incluir como causa de cese "inmediato" que sea investigado por el Tribunal Supremo. "El Gobierno pretende, con la reforma, dejar en su cargo a su actual fiscal general, para el caso de que pierda unas posibles elecciones generales", asegura.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la reforma entraría en vigor en enero de 2028, al tiempo que ha incidido en que el texto no afectará al actual fiscal general sino al que nombre el Gobierno que salga elegido en 2027.

LA APM, PREOCUPADA POR DEJAR LA INVESTIGACIÓN A LOS FISCALES

Las asociaciones de jueces también han reaccionado al anteproyecto, por cuanto se considera el paso previo a que se implante el nuevos sistema que les arrebata la instrucción de las investigaciones penales para dejarla en manos de los fiscales.

María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asegura en declaraciones a Europa Press que "lo único" que destacaría como "positivo" de esta reforma es que se desvincula el periodo del mandato del fiscal general de la legislatura.

Señala que "esta reforma, más que fortalecer a la institución, lo que fortalece es al fiscal general del Estado". Y afea que el anteproyecto "disminuya" las funciones del Consejo Fiscal.

Además, indica que --aunque "desde el minuto uno" está "en contra" de dejar la instrucción en manos de los fiscales-- ahora le "asusta" que "el fiscal jefe pueda nombrar o quitar al fiscal encargado de una instrucción". Así, recuerda que en el caso de los jueces cuando se reparten los asuntos existe el derecho al juez legal predeterminado.

Apunta también que ello "va a complicar más esos casos en los que el fiscal se opone a la instrucción que le da su superior" a la hora de llevar una investigación.

OPTIMISMO ENTRE ALGUNOS JUECES

Por su parte, Edmundo Rodríguez, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), celebra la reforma al recordar que evitar que el mandato del fiscal general coincida con el del Gobierno era "una petición constante" del GRECO y "se ha atendido de forma razonable".

Asimismo, destaca que el hecho de que se fije que las comunicaciones entre Fiscalía y Gobierno deban ser siempre por escrito "aporta transparencia", algo "esencial para la imagen de ambas instituciones".

Y asegura las reformas impulsadas "otorgan una mayor autonomía a la Fiscalía", un cambio que era "fundamental" y "necesario" para dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales.

Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), coincide en que la reforma es un paso "absolutamente indispensable" si se pretende que los fiscales instruyan.

No obstante, Oliva considera "sorprendente y paradójico" que el Gobierno sí pretenda cumplir con las recomendaciones del GRECO del Consejo de Europa en esta materia y no haya atendido aún a las recomendaciones que instan al cambio del modelo de elección de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

MAYOR AUTONOMÍA PERO SIN INDEPENDENCIA

Por su parte, tras leer las primeras informaciones sobre la reforma, Fernando Portillo, de Foro Judicial Independiente (FJI), asegura a esta agencia de noticias que la iniciativa "parece" que "está en el buen camino".

"Es evidente que para pasar la instrucción de los delitos al Ministerio Fiscal son necesarias reformas de calado, al menos en el Estatuto Orgánico, que doten de mayor autonomía (ya que independencia no puede ser) a los fiscales", señala. Y, sobre este extremo, Portillo recuerda que en el actual Estatuto de la Fiscalía "prima la dependencia jerárquica por encima de la autonomía de funcionamiento".

Con todo, avisa de que aún "queda por ver" la redacción final del texto. "Porque, por ejemplo, parece que el fiscal general, que sigue nombrado por el Gobierno, acumulará ahora más competencias y eso puede perjudicar la autonomía funcional", apunta. A su juicio, "dar la instrucción a los fiscales tiene por fin controlar en mayor medida los procesos delicados, quitando de en medio a esos incómodos jueces independientes".