El empresario investigado Víctor de Aldama ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que le investiga por presunto fraude de IVA en hidrocarburos que no atienda a la petición del Ministerio de Justicia de subastar sus coches al considerar que ello vulneraría su derecho a la presunción de inocencia.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del empresario ha reclamado al instructor Santiago Pedraz que no autorice la subasta de los coches que le fueron incautados y que acuerde mantener los vehículos en resguardo y "buen estado de conservación".
La petición de De Aldama tiene lugar días después de que la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, aconsejara a la Audiencia Nacional vender todos los vehículos incautados en el marco del 'caso hidrocarburos'. Según el servicio online de valoraciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla La Mancha, los 13 coches incautados a los investigados de la presunta trama tendrían un valor aproximado de 635.700 euros.
En su petición, la oficina dependiente de Justicia recalcó que dado que los vehículos "son efectos que, aún sin sufrir deterioro material, se deprecian sustancialmente por el paso del tiempo y el desuso" y dado que su depósito conlleva gastos, insistió en que lo conveniente era vender o subastar nueve de ellos, entre los que se encuentra un Jaguar, un Ferrari y varios Land Rover.
La defensa de De Aldama ha mostrado su oposición al considerar que "esta petición resulta contraria" a lo que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). "Y, en todo caso, resulta absolutamente desproporcionada que, además, atenta contra el derecho a la presunción de inocencia", ha señalado.
Sobre este extremo, ha incidido en que dicha vulneración es aún más patente "cuando nos encontramos en una fase incipiente del procedimiento, donde no se han cuantificado ni depurado responsabilidades, (...) existiendo además bienes de otra naturaleza ya embargados por importes elevados que garantizarían eventualmente las mismas".
Además, ha subrayado que hasta ahora "no se ha acreditado que los gastos de conservación y depósito sean superiores al valor del vehículo", como requiere la ley de cara a una subasta. "Por otro lado, alguno de los vehículos, bien cuidados, no solo no se depreciarían con el transcurso del tiempo, sino que aumentarían su valor. Tampoco se trata de efectos peligrosos", ha agregado.
Así las cosas, la defensa ha insistido en que "no concurre ninguno de los supuestos legales que habilitaría" la subasta. Y ha recordado que ya se ofreció a "convertirse en depositario de todos sus vehículos, garantizando el buen estado de conservación, evitando de este modo, los perjuicios que se le estaba irrogando al depositario judicial como consecuencia del impago y la dilatación del procedimiento".
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